A las investigaciones abiertas por la Policía Autonómica y la Fiscalía en torno al caso de los jóvenes inmigrantes enviados desde el País Vasco a Galicia con un billete de bus o tren se le añade ahora una queja de oficio del valedor do pobo, Benigno López, que estará coordinada con otra iniciativa similar del llamado Ararteko , el Defensor del Pueblo del País Vasco. El alto comisionado del Parlamento gallego decidió dar este paso a raíz de las informaciones publicadas por La Voz y ya le ha reclamado al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, que emita un informe al respecto.
El valedor le remitió ayer mismo una carta al número dos del Ejecutivo gallego, responsable de las políticas de la infancia y de los centros de menores, conminándolo a que en 15 días le remita un informe sobre la situación de los menores inmigrantes trasladados a Galicia desde el País Vasco. De igual modo, Benigno López aseguró que ya ha contactado con su homólogo vasco, Íñigo Lamarca, que también ha abierto una queja de oficio, por lo que ambas instituciones decidieron actuar «de forma coordinada» en la elaboración de las conclusiones.
La apertura de quejas de oficio (el año pasado se incoaron 40) es un recurso del Valedor do Pobo para reaccionar a asuntos de la actualidad. Aunque la capacidad coercitiva de la institución es más bien limitada, este tipo de expedientes sí tienen un apreciable valor simbólico y son capaces de poner en solfa la actuación administrativa al respecto. En el de los menores, consta en su queja que un educador de los servicios sociales del Gobierno vasco es el que les daba los billetes a los menores para enviarlos a Galicia.
Precisamente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza señaló ayer que no hay constancia de que las autoridades vascas hayan realizado «ninguna actividad tendente a desviar a esos jóvenes hacia la comunidad gallega», sino que «podrían haber sido aleccionados por algún responsable de algún centro a título particular». También explicó que los hechos se están investigando, aunque «no hay constancia clara» de que lo ocurrido sea «delictivo». La Fiscalía aseguró, asimismo, que los menores están en «situación de amparo y protección» desde que llegaron a Galicia y que la mayoría tienen casi 18 años, por lo que hubo que hacerles pruebas biológicas para certificar su minoría de edad.