El fiscal de Inmigración del Tribunal Superior de Xustiza asume el peso de la investigación para aclarar los hechos
10 nov 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno vasco niega que ninguna institución de aquella comunidad envíe deliberadamente a menores inmigrantes a Galicia o a cualquier otra parte, como sostiene la Policía Autonómica gallega. Sin embargo, reconoce que «siempre ha existido movilidad» de sin papeles entre las diferentes comunidades. Lo dijo ayer el consejero vasco de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, quien añadió que en el País Vasco no se «trasladan problemas a otros lugares».
Estas declaraciones llegan cinco días después de que la Policía Autonómica gallega remitiera una denuncia ante la Fiscalía de Menores en la que se concluía que un total de 23 jóvenes -en su mayoría marroquíes- habían llegado desde agosto a A Coruña procedentes del País Vasco, donde educadores del centro Zabaltzen, en Vitoria, los llevaban a las estaciones de tren o autobús, les pagaban un billete a A Coruña y les daban la consigna de que al llegar se presentasen ante la policía para pedir su internamiento en un centro, hecho constatado por dos de esos menores.
«Desplazamiento natural»
Pero desde el País Vasco se niega el envío, aunque Madrazo califique como «normal» que haya «movilidad» de menores, «que van a lugares donde conocen a personas o tienen familiares», lo que considera un «desplazamiento natural que se ha producido en el pasado y se produce en este momento». Y no solo eso. El consejero sostiene que el País Vasco «sí que ha sido un lugar de destino de personas que han venido de otras comunidades enviadas directamente».
No le falta razón en eso. Fuentes de la Fiscalía de Menores aseguran que los inmigrantes llegados a A Coruña desde agosto vivieron un periplo que los llevó por varias comunidades. Entraron a España por Ceuta o Melilla, donde los centros están colapsados, de ahí que el Gobierno los distribuya por instituciones de la Península, en función de sus plazas, gracias a un convenio de colaboración entre comunidades. Esa solidaridad regional, unido a que la política de repatriaciones es casi nula en el caso de menores, motiva que se produzcan colapsos en algunos centros, como el de Álava.
Lo que ahora investiga el fiscal de Inmigración del Tribunal Superior de Xustiza -a quien el de Menores trasladó la denuncia después de comprobar que los chicos «no estaban desamparados», sino en centros- es si en la institución alavesa se optó por «aliviar» el hacinamiento enviando por su cuenta y riesgo chicos a Galicia.