«En relación con solicitud efectuada (...) comunico que documentación requerida fue destruida 16.09.06 de acuerdo con lo indicado en la publicación en vigor en la Armada PSO-01 (la seguridad operativa en la Armada)» (sic). Tal escrito fue recibido el pasado 8 de septiembre en el Juzgado Togado Militar de A Coruña, que instruye las diligencias sobre la explosión de una caldera en la fragata Extremadura que mató a dos tripulantes el 19 de diciembre del 2005, cuando el buque estaba atracado en Ferrol.
La documentación requerida por los abogados de la familia de Erik Noval, uno de los tripulantes fallecidos, y que, según Defensa, fue destruida apenas nueve meses después del suceso por motivos de seguridad, eran los informes redactados por miembros del Centro de Valoración y Apoyo de la Calificación Operativa para el Combate (Cevaco) de la Armada acerca de lo sucedido en el barco.
Según la letrada de la familia de Erik Noval, Eva Añón, varios testigos declararon ante el citado tribunal que los integrantes de la Cevaco trabajaron en la fragata siniestrada durante una semana, y tenían documentos que respaldarían la declaración del cabo Jorge Gago Chao, que afirmó ante el juez que la explosión podía haberse evitado y que hubo negligencias por parte de algunos oficiales del buque.
La letrada señaló que entre esos documentos estarían las tablas de registro de contaminación por cloro del agua de la caldera que explotó. Un escrito que ha estado «pidiendo tres años», y que mostraría niveles de contaminación muy superiores a los reglados, lo que habría desencadenado la explosión, siempre según la declaración del cabo Jorge Gago.
El fiscal del caso, según explicó Añón, se ha comprometido a solicitar de oficio una copia de la documentación, que podría estar en manos de la oficina del Ajema (almirante jefe del Estado Mayor de la Armada). Sin embargo, podrían no existir, ya que fue el propio gabinete del Ajema el que remitió la petición de documentación de los abogados a la Cevaco, explicó Añón.
La letrada se mostró «muy sorprendida» por la destrucción de los documentos cuando el caso ya estaba en los tribunales. «Nos hace pensar en lo peor, en que se está intentando ocultar algo», reprobó.
La familia, encadenada
En términos similares se expresaron los padres y la mujer del cabo Gago, que ayer se encadenaron a uno de los accesos del Arsenal de Ferrol para protestar por el posible ingreso en prisión de su hijo, condenado a dos meses de cárcel por repetir su declaración ante el juez a la prensa. «Yo pienso que si los papeles desaparecieron es porque algo tienen que ocultar», afirmó Ángeles Chao, madre del marino.
La Policía Nacional desencadenó e identificó a los parientes del militar que, sin oponer resistencia, retiraron la pancarta en la que pedían «libertad de expresión» y «transparencia».