Educación instará a los centros a no discriminar por sexo en la próxima negociación de los conciertos
GALICIA
Educación afirmó ayer que en la próxima negociación de los conciertos con colegios privados instará a los centros a que asuman el punto 3 del artículo 84 de la LOE, que recoge que «en ningún caso podrá haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, afinidad o cualquier otra condición o circunstancia personal».
La Xunta responde así a la polémica levantada tras el contencioso administrativo presentado por la CIG ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la orden que ratifica los conciertos educativos de los centros privados, en el caso de que estos escolaricen separadamente a niñas y a niños. El sindicato tiene constancia de que al menos cinco colegios (Las Acacias, Montecastelo y Aloya en Vigo; y Montespiño y Peñarredonda en A Coruña), establecen segregación por sexo. La CIG esgrime que es totalmente inaceptable que la Xunta subvencione al 100% con fondos públicos centros que incumplen la legislación, remitiéndose al mismo artículo al que aduce Educación. Además, recuerda que la propia norma recoge en una de sus disposiciones que para favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres los centros que desarrollen el principio de coeducación serán objeto de atención preferente.
Los colegios a los que les afecta el contencioso, sin embargo, no están preocupados. Teresa Ortiz, de Las Acacias, recuerda que en Asturias se presentó un recurso similar y la Justicia falló a favor de los centros. En Las Acacias se escolarizan mujeres -los hombres acuden al Montecastelo-, y recuerdan que no existe ningún tipo de discriminación, ya que niños y niñas reciben la misma educación, «pero la educación diferenciada es un estilo pedagógico que nos ha dado muy buenos resultados, porque hombres y mujeres responden a distintos estímulos», señalan. Ortiz asegura que se obtienen mejores resultados académicos con este modelo, «pero no decimos que esté mal la enseñanza mixta, simplemente que se respete la elección de los padres».
María Martínez, jefa de estudios del colegio Aloya, asegura que un año tuvieron que escolarizar a un alumno varón, pero el TSXG les dio la razón, por lo que ahora han vuelto a ser un centro femenino. La Justicia, sin embargo, no siempre ha dado la razón a estos colegios. En Castilla-La Mancha, el Tribunal Superior anuló un decreto de la Junta por el que se negaban subvenciones a los centros que separasen a alumnos por sexo. Pero el Supremo, este mismo año, revocó esta sentencia aduciendo que las comunidades sí pueden negar fondos a estos colegios.