Hasta ahora, algunos colectivos de profesionales liberales no estaban amparados.
26 sep 2008 . Actualizado a las 11:07 h.La Lei 8/2008 de Saúde de Galicia entró en vigor esta misma semana. Aunque se ha hablado mucho de las novedades de la legislación -entre las que se incluyen el derecho a la segunda opinión médica o la integración de la salud mental y las drogodependencias dentro del sistema ordinario de salud-, otros aspectos de la norma quedaron más solapados en su debate parlamentario, como la ampliación de la cobertura gratuita a todos los empadronados en la comunidad.
En concreto, el artículo 4 de la ley que entró en vigor el pasado miércoles recoge que el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos (es decir, gratuita) en el ámbito de la comunidad autónoma, así como de cobertura universal, «garánteselle a todas as persoas que residan nos concellos desta comunidade autónoma». Es decir, que con estar empadronados en Galicia es suficiente para recibir la asistencia sanitaria, tengan o no la tarjeta correspondiente.
Esta ley deroga la Losga, del año 2003, en la que se establecía que los ciudadanos tenían derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos «en los términos establecidos en la legislación básica, la presente ley y las restantes disposiciones». En la práctica la asistencia sanitaria incluía a todos los ciudadanos que cotizan a la Seguridad Social, así como a los menores y a aquellas personas con rentas bajas o pensiones no contributivas que no tenían recursos suficientes.
Sin embargo, algunas profesiones liberales como arquitectos o abogados quedaban fuera hasta ahora de este derecho en Galicia. Estos colectivos no están obligados a darse de alta como autónomos para ejercer su profesión, sino solo en una mutualidad, que incluye una pensión de jubilación y compensaciones por muerte e invalidez, por lo que estos trabajadores deben abonar un seguro privado. A partir de ahora, tendrán derecho a la asistencia sanitaria del Sergas en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
Según el Servizo Galego de Saúde, el número de beneficiarios es mínimo y afecta sobre todo a este tipo de profesionales, o a gallegos que no cotizan y tienen rentas altas. Solo Cataluña y Navarra han universalizado esta prestación.