Ningún organismo parece tener prisa en intervenir en el caso de los ficheros ilegales de la Policía Local de Sada. Una semana después del hallazgo por parte de la Guardia Civil, responsables de la Agencia de Protección de Datos confiesan que «desconocen» su existencia y alegan que alguien debe denunciar este hecho formalmente; una vez recibida la demanda, aún tienen un máximo de tres meses para pronunciarse.
Los portavoces de este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, confiesan que agosto es un mes en el que su personal no está al cien por cien y que se les acumulan casos como el de Sada. En este sentido, reconocen que Cataluña o el País Vasco tienen transferidas las competencias sobre la gestión de datos públicos y por eso cuentan con sus correspondientes agencias, lo que les permite agilizar los trámites.
Los responsables de la agencia de datos recomiendan al Concello de Sada que se «autodenuncie» si quiere agilizar el proceso para destruir los ficheros, y a las personas que crean estar fichadas que se descarguen el formulario de denuncia de la página web del organismo (www.agpd.es).
La Xunta, sin competencias
La Xunta tiene claro que este problema le es «ajeno», al igual que el conflicto laboral con las policías locales. «No tenemos competencias y nos remitimos a las autoridades policiales y judiciales», precisó ayer un portavoz de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Así las cosas, y después de que la Fiscalía anunciase anteayer que no va a intervenir por ahora, los guardias civiles de Sada son los únicos que siguen investigando sobre el origen y el contenido de los archivos ilegales que se almacenaban en las dependencias de la brigada de noche de los municipales sadenses. Eso sí, las pesquisas se realizan al margen del contenido de los archivos ilegales, que permanecen desde hace siete días guardados bajo llave en la taquilla del jefe de policía accidental, ya que el responsable del cuerpo está ausente por enfermedad y fue precisamente su baja la que propició un improvisado registro de su despacho, durante el que se descubrieron dos archivadores de más de un metro atestados de fichas con datos y fotos de vecinos, visitantes y menores.
«Descontrol administrativo»
El alcalde de Sada, el nacionalista Abel López Soto, asegura que el primer paso es resolver el expediente administrativo y después dilucidar si hay delito en las fichas policiales. López Soto alega que «heredó una situación de absoluto descontrol administrativo» y por esta razón, ayer mismo, cursó una orden de servicio a todos los departamentos municipales para que den a conocer si tienen ficheros pendientes de legalizar.