La nueva ley eleva a 60.000 euros la multa mínima por no usar la casa de precio tasado como residencia habitual
GALICIA
Las prácticas fraudulentas detectadas por los servicios de inspección de la consellería han provocado un fuerte endurecimiento de las sanciones en el proyecto de ley que el Consello de la Xunta aprobó el jueves pasado. El departamento de la nacionalista Teresa Táboas ha previsto medidas ejemplarizantes para disuadir a los propietarios de pisos protegidos que, en contra de la ley, no los utilizan como vivienda habitual. La multa mínima pasará de los 3.000 euros actuales a 60.000.
Con la norma en vigor, que está previsto que sea reemplazada a finales de año por la entrada en vigor de la nueva, los adjudicatarios de pisos de precio tasado pueden permitirse especular con ellos porque la sanción económica a la que se arriesgan es asumible. El propósito de Vivenda es eliminar ese escenario. Por eso la nueva legislación tipifica como muy grave que el dueño de un piso protegido no lo habite. En el mismo capítulo entra también el establecimiento de precios de venta y alquiler de viviendas protegidas superiores a los fijados por la Xunta. En ese supuesto, el infractor corre el riesgo de que ese mínimo de 60.000 euros se aproxime al máximo de un millón.
Posibilidad de desahucio
Entre las medidas incorporadas al régimen sancionador del proyecto de ley figura la posibilidad de que la Administración pueda desahuciar a los inquilinos de pisos de promoción pública que no abonen las rentas pactadas, que los ocupen sin título legal o que sean sancionados por infracciones consideradas graves o muy graves. Vivenda quedará facultada, además, para «o lanzamento das persoas ocupantes das vivendas da súa propiedade» cuando incurran en irregularidades como las referidas.
La consellería ha previsto estas medidas extremas para las viviendas protegidas de promoción pública, financiadas en su totalidad con recursos públicos y que se ofertan, normalmente en alquiler, a unos precios muy inferiores a los de mercado.
Estas medidas extremas entran en vigor coincidiendo también con un plan de impulso a la construcción de vivienda protegidas, para tratar de incidir en los precios de un sector que se ha encarecido en exceso en los últimos años. Así, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, presentó hace un mes un plan que prevé poner en el mercado 45.000 pisos protegidos en los próximos diez años, 30.000 de los cuales estarían listos ya en el 2012.
Además de contribuir a contener los elevados precios de los pisos, el plan prevé generar 300.000 empleos y mover recursos por valor de 5.200 millones, lo que debería contribuir a dinamizar un sector muy afectado por la ralentización de la economía.