El acceso a todo el litoral es libre, público y gratuito. Las playas, los acantilados, dunas, espacios ganados al mar mediante rellenos o paseos, no pueden ser ocupados por construcción alguna, salvo que haya una concesión de la Administración.
El Ministerio de Medio Ambiente pretende comprobar, antes de finales del 2009, que toda la costa gallega se atiene a la normativa que regula el uso del litoral mediante la Ley de Costas de 1988, y que de entrada debe garantizar que, con la excepción de los terrenos dependientes de las autoridades portuarias, nada interrumpa u ocupe la franja que abarca desde donde se produce la marea más baja hasta donde hayan llegado las olas en el peor temporal del que exista constancia. Si no hay un permiso expreso, y la Administración tiene el objetivo de no renovar prácticamente ninguno y recuperar los posibles, todo lo que se asiente en ese espacio es ilegal.
La Demarcación de Costas en Galicia ya ha deslindado, es decir, clasificado como espacio de dominio público, el 83,6% de los 1.884,8 kilómetros de costa de la comunidad. Ahora resta por comprobar si se respeta la legalidad en los 308,6 kilómetros restantes, pero no solo en la franja pública.
Zona de protección
Desde esa línea y el extremo que ocupa la ribera del mar, como son las playas o zonas rocosas, por ley tiene que haber hacia el interior un espacio siempre libre de seis metros de ancho para el tránsito de peatones y vehículos de vigilancia y salvamento. Desde el límite de esos seis metros comienza el espacio de servidumbre de protección de la costa, que en los núcleos urbanos tiene que ser de 20 metros de ancho y de 100 en los espacios sin esa clasificación. Todo lo que se encuentre entre el mar y ese último punto, Medio Ambiente lo considera ilegal, e incluso fuera de ordenación para todas las construcciones existentes desde antes de 1988, con las restricciones que ello conlleva.
Núcleos marineros tradicionales, sobre todo, pero también zonas urbanas quedan así mediatizados por esta norma, que afecta a miles de edificaciones en Galicia y restringe actuaciones en ellas, siendo necesario contar con permisos expresos de la Administración para realizar cualquier obra en el inmueble. De todas formas, Costas indica que se puede construir en ese espacio de protección si hay parcelas libres, «siempre y cuando al menos el 75% de la calle donde se pretende edificar esté consolidada históricamente y se mantenga como zona residencial». Esa área de protección forma parte de la zona de influencia costera de 500 metros de competencia autonómica, y donde la Xunta ha suspendido temporalmente la posibilidad de construir.
Tramo final
Medio Ambiente analiza ahora el estado de los 217,5 kilómetros de la provincia de A Coruña que restan por deslindar, como ocurre con otros 91 en Pontevedra, para planificar el modo de recuperarlos y esponjar la presión urbanística que se ejerce sobre la costa. En el caso de Lugo, sus 219 kilómetros de dominio público marítimo terrestre ya están deslindados. Eso ha permitido que se hayan proyectado 27 actuaciones de recuperación del litoral (de las 113 previstas en Galicia), por valor de 30,4 millones de euros. Foz, Barreiros, Viveiro y Ribadeo es donde más acciones se están llevando a cabo, con espectaculares derribos, incluso de céntricas edificaciones o viejos hoteles playeros.
En A Coruña, la segunda provincia española con más costa, tras Baleares, se manejan 84 millones de euros para 69 actuaciones, siendo Porto do Son, Muros, Arteixo, Camariñas y Ribeira las áreas de mayor atención. En Pontevedra la inversión se cifra en 29 millones, siendo la capital y Sanxenxo-O Grove los focos prioritarios.
La acción que el cambio climático puede ejercer sobre la franja edificada frente al mar está guiando ya varios de los proyectos de liberación de espacios que las Administraciones están llevando a cabo en Galicia.