La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago ha admitido a trámite un recurso contra el modo en que la Fundación Cidade da Cultura adjudicó la vigilancia del macrocomplejo que la Xunta construye desde febrero del 2001 a las afueras de Santiago sobre el monte Gaiás. La entidad dispone ahora hasta el 18 de junio para remitir a los tribunales todo el expediente de contratación, con el fin de que la parte denunciante pueda emplearlo para dar el siguiente paso en este proceso: la conversión de su escrito inicial en una demanda contra la Administración autonómica.
El 31 de julio del 2007, la gestora del Gaiás decidió encomendar a Servicios de Seguridade Integral e Mantemento A-1 la custodia de sus instalaciones durante un año a cambio de 316.838,69 euros, es decir, por un promedio de 865,9 al día. Seleccionó dicha oferta a pesar de que las otras diez que sendas empresas le habían hecho llegar resultaban menos gravosas para el erario.
Fue una de esas sociedades rechazadas, la compostelana Viproga, la que, disconforme con el resultado, el 7 de septiembre impugnó el concurso por vía administrativa. Y, al no obtener respuesta oficial a su reclamación, optó por explorar la senda judicial al interponer, ya el 8 de abril del 2008, un recurso contencioso-administrativo ante la sala de Compostela antes referida. Con fecha del 13 de mayo, la magistrada responsable lo aceptó y emitió una providencia que obliga a la Fundación Cidade da Cultura a desprenderse provisionalmente del papeleo relacionado con este asunto. Además, ha de atender la orden antes de que transcurran 20 días hábiles a contar desde el pasado 22.
En palabras de sus representantes legales, «Viproga entiende que la adjudicación no se ajusta al derecho y tendría que haberse fallado a su favor». «A nuestra propuesta se le otorgaron cero puntos de valoración económica [45% en el peso total de la resolución], mientras que la de A-1 recibió 36,85, cuando era 16.000 euros más alta», agregaron. Estas prevén formalizar el trámite de demanda entre la segunda mitad de junio y la primera de julio, en función de la prisa que el equipo al cargo de la conselleira nacionalista Ánxela Bugallo imprima al cumplimiento del mandato de la togada.
«Falsedad grave»
Como consta en los archivos del Registro Mercantil de A Coruña, Servicios de Seguridade Integral e Mantemento A-1 S.?L. maneja en estos momentos un capital social de 84.142 euros, se halla domiciliada en un céntrico bajo de la capital herculina y cuenta con un único apoderado: José Luis Rial Mato. A efectos normativos, este hombre también figura identificado con idéntico cometido en otra sociedad limitada con base en Santiago y denominada Sistemas de Seguridade A-1, cuyas actividades comenzaron antes, el 18 de junio de 1990.
Según las últimas cuentas que ha depositado ante la autoridad (ejercicio 2006), la compañía que ahora vigila el Gaiás fue constituida el 27 de marzo de 1998, justo una semana después de que el Ministerio de Economía prohibiese a todas las entidades públicas de España contratar durante dos años a la compañía mencionada en segundo lugar. El Gobierno central castigó a la firma tras alegar que había caído en la causa G del artículo 20 de la Ley 13/1995. Esa norma reza lo siguiente: «Haber incurrido en falsedad grave al facilitar a la Administración las declaraciones exigibles en cumplimiento de las disposiciones de esta ley o de sus desarrollos».
El PPdeG vincula a ambas empresas con el entorno del BNG, que controla los fondos del complejo. Preguntado acerca de esas sociedades y del incipiente proceso judicial que atañe a una de ellas, el portavoz parlamentario de los populares en esta materia, Ignacio López-Chaves, elevó ayer el tono de las críticas: «Ha habido una ocultación constante de datos y una falta de transparencia absoluta en la gestión de la Ciudad de la Cultura».
Desde agosto del 2005, cuando el bipartito accedió al poder, entre dichas compañías han obtenido al menos cuatro ayudas de la Consellería de Innovación y del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) por importe de 114.661 euros. Además, como poco, han suscrito otros tantos contratos con Cultura valorados en 708.087 euros, si bien este negociado ya pertenecía a su cartera de clientes cuando lo gobernaba el conselleiro popular Pérez Varela.