El Gobierno gallego dio ayer un nuevo paso en la adopción de medidas para incentivar la salida de viviendas sin habitar al mercado del alquiler. En contraste con el debate que comunidades como Cataluña y el País Vasco lideraron antes del estallido de la crisis inmobiliaria para gravar con un canon las casas vacías, el Consello de la Xunta autorizó ayer, por iniciativa de Vivenda, una nueva modificación del decreto del 2006 que regula su bolsa de alquiler, y que permitirá a cada propietario de un piso que lleve más de un año deshabitado y lo inscriba en ese programa de la consellería recibir una ayuda directa de 6.000 euros.
Esa subvención es compatible con el resto de las que ya fueron reforzadas en la anterior reforma del decreto, aprobada en marzo, y que, además de flexibilizar los requisitos, elevó de 6.000 a 12.000 euros la ayuda máxima a fondo perdido para rehabilitar y ejecutar obras de mejora de viviendas que se oferten en alquiler a través del programa que gestiona la consellería. De este modo, el dueño de un piso que lleve más de un año vacío y lo inscriba en el programa podrá acumular, en función de sus ingresos, ayudas por un máximo de 18.000 euros. En todo caso, si la vivienda lleva menos de un año deshabitada, su dueño percibirá hasta 12.000 euros para su reforma e inclusión en la bolsa de alquiler. Con estas medidas, el departamento de la nacionalista Teresa Táboas pretende superar el déficit actual de ese programa, que cuenta con más solicitudes que viviendas ofertadas. Su objetivo es pasar de 3.400 a 4.500 contratos. Las reformas han propiciado, en el último mes y medio, la inclusión de más de 700 viviendas.
Además, el Consello de la Xunta modificó el decreto que establece las ayudas del Plan de Vivenda 2005-2008 para crear las áreas de renovación urbana, con el propósito de recuperar tejidos urbanos o barrios degradados física, social o ambientalmente. En estas nuevas áreas de rehabilitación, que se suman a las integrales y a las de cascos históricos, las casas deben tener más de 30 años y estar en condiciones de infravivienda. Touriño explicó, en la rueda de prensa posterior al Consello, que, además, el plazo para la calificación de una vivienda libre como protegida se reduce de dos años a uno.
Alcaldes y promotores
El presidente achacó a dificultades jurídicas la imposibilidad de que la futura Lei de Vivenda pueda regular, como pretendía la consellería, la prohibición de que los alcaldes puedan ejercer como promotores inmobiliarios en los concellos que gobiernan. «Teño entendido que con este tema había algunha dificultade de tipo xurídico seria», observó Touriño, que aseguró que el proyecto de ley se realizará con informes jurídicos favorables. El borrador de la ley estuvo dos meses bloqueado hasta que Vivenda se vio forzada a retirar el artículo 16 y pactar una fórmula descafeinada que modificará puntualmente la Lei de Administración Local.
Touriño reiteró el compromiso de que el Plan do Litoral estará listo en plazo, es decir, antes de mayo del 2009. Trasladó a los promotores que «hai sitio suficiente donde construir», pero que «o futuro do país e do sector» no pasa por edificar en la franja de los 500 metros, y sí por las políticas de impulso a la vivienda protegida, al alquiler y a la promoción de suelo.