urbanismo El PP se desmarca de la Lei da Paisaxe por ser la «copia mala» de la catalana

La ley que obligará a los concellos a incorporar en sus planeamientos urbanísticos medidas para prevenir el impacto y asegurar la integración paisajística de los nuevos desarrollos inició ayer su recorrido parlamentario con el rechazo por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y BNG, de la enmienda a la totalidad presentada por el PP. Los populares frustraron el consenso con la idea de que el texto que el Consello de la Xunta aprobó en marzo es una «copia mala» de la ley en vigor en Cataluña, un argumento que completaron con la asunción de las observaciones del Consello Económico e Social (CES), que considera que la norma introducirá «inseguridade xurídica» y elevará la presión fiscal sobre los ciudadanos.

El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, repasó de entrada los objetivos principales de una ley que, además de las imposiciones a los concellos, también obligará a que todo proyecto industrial que tenga que someterse a declaración de impacto ambiental se acompañe de un estudio de impacto e integración paisajística. Destacó que la ley contempla, entre otros instrumentos nuevos, la creación del Observatorio da Paisaxe, que elaborará las directrices que deberán respetar los ayuntamientos en la elaboración de sus planes urbanísticos, y que precisarán la calidad idónea para cada paisaje y las acciones específicas para alcanzarla. Ese órgano será el encargado de definir las acciones específicas que en el proyecto de ley no se concretan.

Otra figura nueva son los catálogos que delimitarán las grandes áreas paisajísticas de Galicia, con un inventario de los valores de cada una y una diagnosis que identificará las zonas que precisan medidas especiales de protección y las que se consideran de especial interés.

Vocación de acuerdo

Vázquez puso el acento en la voluntad de alcanzar el consenso en torno a una ley pensada para «frear o deterioro paisaxístico do noso territorio».

La invocación del conselleiro a trabajar en las propuestas de los tres grupos para que el texto salga reforzado del Parlamento no sedujo al PP, que tachó el proyecto de ley de «escaso e pouco ambicioso». El diputado Jaime Castiñeira siguió con fidelidad el guión trazado por las recomendaciones del CES. Reprobó que el texto introduce más control, más burocracia y más presión fiscal, «pero a eficacia sería escasa», aventuró. Castiñeira, siempre en línea con el órgano consultivo, echó en falta una mayor incardinación en la ordenación del territorio de un proyecto normativo que, recalcó, contribuye a un «exceso de lexislación» en ese ámbito y olvida la rehabilitación en los cascos urbanos. El diputado lucense convirtió la falta de definición jurídica que el CES achaca al Observatorio da Paisaxe en la pretensión de Vázquez de convertir esa figura en un «chiringuito particular ao servizo do conselleiro». «É unha mala copia da ley catalana, mutilada», lamentó Castiñeira, en referencia al recorte de medidas de financiación previstos en aquella.

Mientras el PPdeG echó en falta partes de la norma catalana, el BNG defendió, a través de la parlamentaria Ana Pontón, que «non hai que copiar o que fan os demais, senón adaptalo ao que temos». La socialista Laura Seara apuntó el carácter transversal de una ley que contempla la posibilidad de intervenir en los espacios degradados para su recuperación.