La ejecución de las medidas judiciales derivadas de los expedientes incoados contra menores infractores no salen gratis, y es la Administración autonómica la que debe hacer frente a los gastos que acarrean, que fueron de 9.486.035 euros el año pasado.
De esa cantidad, casi 8,5 millones se destinaron a costear el internamiento en las 109 plazas de que disponen los cinco centros de titularidad pública existentes en Galicia para estos cometidos, de los que tres están ubicados en Ourense y los otros dos en Pontevedra y A Coruña. El millón de euros restante se dedicó a cubrir los gastos de las medidas que los adolescentes deben cumplir en régimen medio abierto.
Cada una de esas plazas, de las que 66 se gestionan por convenio con entidades privadas, tuvo un coste medio de 180 euros por menor y día, siendo 80 el promedio mensual de puestos ocupados.
Dado que muchas de las resoluciones no implican privación de libertad, hay menores que no las cumplen, sobre todo los reincidentes, que se niegan a acudir a las citas alegando, entre otros motivos, que trabajan o que no les ha llegado la notificación, según argumenta Mariscal de Gante, quien considera que se deben ampliar los recursos para que los adolescentes no se queden desasistidos una vez cumplida la pena.
El fiscal pone como ejemplo la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en talleres que procuren formación específica, puesto que si los menores no encuentran apoyo ni tienen conocimientos para valerse, algunos pueden volver a delinquir. «A los menores debe dárseles toda la protección posible para que cuando se vean libres de la sanción que se les impuso, la labor que se hace con ellos en los centros de reforma dé los resultados esperados», concluye Mariscal de Gante.