El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo ha desestimado la petición de la Consellería de Política Territorial de paralizar cautelarmente cuatro proyectos para construir unas 300 viviendas en San Miguel y Reinante, en el municipio de Barreiros, en la costa de Lugo. Alguna de estas promociones se encuentra en estado avanzado y con parte de los pisos ya vendidos.
La Xunta presentó el contencioso el pasado mes de diciembre después de que el Ayuntamiento de Barreiros no acatase su orden de suspender estas cuatro licencias. Política Territorial considera que se están ejecutando en suelo urbano no consolidado, con la consiguiente carencia de servicios para atender a los futuros propietarios de las viviendas.
Pero en esta ocasión la jueza entiende que no hay motivos para, tal y como le solicitaba Urbanismo, detener provisionalmente las obras en tanto no se resuelve la demanda.
Se trata de un cambio sustancial, porque en junio sí ordenó la paralización cautelar de otros cuatro proyectos urbanísticos en Barreiros denunciados por la Xunta por, supuestamente, ejecutarse también en suelo urbano no consolidado.
Esta paralización de un total de unas 350 viviendas sigue en vigor a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resuelva los recursos presentados por los constructores afectados, alguno de los cuales tiene la mitad de su promoción vendida.
Espaldarazo al Concello
La nueva resolución judicial supone un espaldarazo para el Ayuntamiento de Barreiros en la batalla que libra con la Dirección Xeral de Urbanismo, quien a finales del 2006 suspendió el planeamiento del municipio lucense y dictó unas normas provisionales que prácticamente cercenan la posibilidad de edificar.
Se trata, además, del segundo revés para la Xunta en Barreiros, porque la misma jueza también desestimó meses atrás la solicitud de paralización cautelar de las licencias para construir unas 200 viviendas unifamiliares resultantes de 44 segregaciones de fincas en la zona rural. El Ayuntamiento las autorizó, pero Urbanismo sostiene que se deben revisar y por ello ha presentado otro contencioso.
En cualquier caso, la decisión de no detener las obras no afecta a los procesos judiciales emprendidos por la Consellería de Política Territorial sobre la legalidad de las licencias, que siguen adelante, aunque es previsible que tarden años en resolverse.
Esta noticia quizás no llegue en su mejor momento, ya que en las últimas semanas se han mantenido contactos entre la patronal de los constructores lucenses y la Dirección Xeral de Urbanismo. De ello nada ha trascendido.