La política mexicana está agitada. Y el terremoto gira en torno a la polémica desatada por el nombramiento de Juan Camilo Mouriño Terrazo (hijo del presidente del Celta, Carlos Mouriño), como secretario de la Gobernación, cargo que en la práctica lo convierte en el número dos del presidente Calderón y también en su posible sucesor. La legislación mexicana prohíbe ocupar este cargo a cualquiera que no haya nacido en México o no sea hijo de madre o padre nacidos en este país y con nacionalidad mexicana. Además, según la Constitución de la República, para ejercer como ministro o candidato a la presidencia no se admite la doble nacionalidad.
Juan Camilo afirmó públicamente que, pese a haber nacido en Madrid, ha renunciado a su nacionalidad española y ha adoptado la mexicana. También afirmó que su madre, Ángeles Terrazo, hija de padres gallegos de Avión, nació el 3 de mayo de 1950 en el Sanatorio Español de México Distrito Federal y teóricamente también mantiene la nacionalidad mexicana. Y que sus abuelos maternos se nacionalizaron mexicanos.
El principal partido de la oposición, el PRD de López Obrador, ha visto en esta traba legal el camino más sencillo para quitarse de en medio al gallego Mouriño. Para ello desplazó a España hace una semana a su secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, Gerardo Fernández Noroña, para investigar los orígenes del hijo del presidente del Celta. Primero, el diputado perredista presentó las actas de nacimiento de los abuelos de Juan Camilo, conseguidas en Avión, y le acusó de haber mentido en público.
Pero el culebrón no se ha detenido en este «problema ético» por el que se llegó a pedir su cese. Ahora, el PRD ha solicitado formalmente la dimisión del número dos de Felipe Calderón tras presentar un documento que acredita que su madre está censada en una mesa electoral de Vigo (la 323-B de la Plaza de América) para votar en las elecciones del próximo 9 de mayo, lo que implicaría que no habría renunciado a su nacionalidad española.
El perredista logró entregar a última hora de la mañana ambos documentos en el equivalente al Registro en España. La polémica cobró así una mayor dimensión.