La decana de la Facultade de Económicas, Maite Cancelo Márquez, entregó a última hora de la mañana de ayer al Rectorado el informe sobre el altercado ocurrido el pasado martes, cuando un grupo de estudiantes intentaron boicotear la conferencia de María San Gil, presidenta del Partido Popular en el País Vasco.
Cancelo, ayudada por otros profesores y alumnos, y con el material fotográfico y audiovisual con que contaba, identificó a siete jóvenes como alumnos de la Universidade de Santiago (USC), uno de la propia facultad, y el resto de Políticas, Derecho, Ciencias da Comunicación e Historia. La investigación no quedará ahí, y la propia decana asegura que seguirá trabajando para identificar al resto de los implicados en el boicot a San Gil. Será el rector de la USC, Senén Barro, el encargado de adoptar las medidas académicas y disciplinarias necesarias tras analizar el informe (pueden llegar hasta la expulsión de todo el sistema universitario gallego), pero desde el decanato de Económicas se solicita la expulsión inmediata de los estudiantes identificados, y la disolución de la organización Agir.
En concreto, Cancelo pide que se expulse de las juntas de facultad a los representantes de esta organización independentista (que fue la única que reconoció haber participado en el boicot); que no se les permita usar locales de la USC si es que los están utilizando; y que se les retire todo tipo de ayuda económica. Lo cierto es que Agir ya no está registrada como asociación estudiantil de la USC, por lo que no recibe las subvenciones destinadas a estos colectivos. El decanato va más allá y pide que se supriman las organizaciones similares con representación en las facultades si se identifica la presencia de alguno de sus miembros en el altercado.
Un grupo de profesores de la Facultade de Económicas difundió además un escrito, bajo el título « Basta ya de fascismo e intolerancia» , en el que califican los hechos del día 12 de grave atentado contra la democracia, e instan a las autoridades judiciales, parlamentarias y académicas a que adopten las medidas firmes, necesarias y oportunas ante esta grave violación de derechos democráticos fundamentales. El escrito también señala que han de tomarse medidas ejemplares contra los grupos extremistas.