Los ayuntamientos con menos de 5.000 vecinos pueden quedar exentos de reservar terreno si crecen moderadamente
15 feb 2008 . Actualizado a las 03:51 h.El Gobierno gallego se reserva el derecho a edificar vivienda protegida por decreto si, llegado el caso, los concellos no actuasen en el sentido que establece el nuevo proyecto de Lei de Medidas Urxentes en Materia de Vivenda e Solo, aprobado ayer por el Consello de la Xunta. La norma, que será remitida ahora al Parlamento, incrementa hasta el 40% el porcentaje de suelo reservado para edificarla, en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, con lo que se duplica el mínimo del 20% vigente en la actualidad.
La ley fija los plazos para garantizar la construcción de vivienda protegida, que no podrán ser superiores a los que se establezcan para ejecutar las de mercado libre. «En caso de que se incumpran para construír vivendas protexidas, o concello decretará a inscripción obrigatoria no rexistro de solares e dous anos máis tarde decretará a edificación forzosa. Se transcorrido un ano o concello non adoptase estas medidas, a Xunta terá a capacidade de executalas por decreto», establece el proyecto de ley, que desgranó el presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño.
En los municipios con menos de 20.000 habitantes la reserva de suelo para vivienda protegida será del 30%, aunque, en determinadas condiciones, el porcentaje puede rebajarse hasta el 20%. Se trata de considerar la situación de algunos ayuntamientos, en donde priman las segundas residencias, y, en este sentido, podrían acreditar que el 20% de vivienda protegida es suficiente para atender su demanda. Los concellos con menos de 5.000 vecinos pueden quedar exentos de reservar suelo, si crecen poco. Los porcentajes de reserva se aplicarán a la edificabilidad residencial prevista en planeamientos municipales para suelos «urbano non consolidado» y «urbanizable».
«Distritos cohesionados»
La ley fija normas para distribuir la vivienda en cada concello. No habrá distritos privilegiados, «supostamente de primeira e de segunda», según explicó Touriño, sino que los pisos protegidos, denominación que el presidente gallego alejó de las viviendas sociales «do franquismo», se construirán de forma que «se favoreza a cohesión social e se evite crear zonas marxinais».
El texto establece una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública. Y marca una cesión obligatoria a la Xunta de 2,5 metros cuadrados por cada cien de edificabilidad, «e non mingua o aproveitamento obtido polos particulares nin polos concellos». La norma tiene disposiciones transitorias para los planes generales de ordenación municipal en tramitación. Tendrán un año de plazo para la aprobación. Los sectoriales, aprobados antes, dispondrán de dos para su aprobación definitiva, y mantendrán como mínimo el 20% de edificabilidad establecida actualmente. Los planes de desarrollo que tengan ordenación detallada deberán ser ejecutados en un plazo máximo de tres años. Los nuevos planeamientos deberán cumplir la ley íntegramente.