Todo estos hechos relatados suponen, según subraya el auto del juez Fernando Grande-Marlaska, no una simple manifestación de «menosprecio» hacia la figura del jefe del Estado sino un deseo de «destrucción» de la persona que rebasa «el límite de lo tolerable como necesario» en el ejercicio de la libertad de expresión.
El juez ha dado diez días de plazo al fiscal para formular la acusación o, en su defecto, solicitar el archivo de la causa por un delito penado con un máximo de dos años de cárcel. Mientras los acusados declaraban, cerca de cuarenta simpatizantes de grupos como Nós-Unidade Popular, Izquierda Castellana, Corriente Roja y otros colectivos de carácter antifascista se manifestaron en los alrededores de la sede de la Audiencia Nacional portando banderas de Galicia con la estrella roja.
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