Han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esgrimiendo sus derechos como herederas.
29 ene 2008 . Actualizado a las 18:40 h.A las diez y media de esta mañana estaba prevista la apertura por parte del Ministerio de Sanidad de las plicas presentadas por bodegas de toda España para hacerse con las instalaciones de Pazo Bayón. Esta adjudicación se ha aplazado temporalmente. Las dos hijas de Esther Lago y Laureano Oubiña han logrado paralizar el proceso gracias a un recurso que han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este recurso contra le sentencia por la que se incautó el pazo, alegan que podrían dañarse sus derechos como herederas. Y es que entienden que al estar muerta Esther Lago, las causas pendientes se archivarían y ellas serían sus herederas legales.
Los abogados de las hijas de Oubiña señalaron que la petición de ambas fue interpuesta en 2005 ante esa instancia judicial con sede en Estrasburgo, lo que impide así proceder a la adjudicación del citado pazo conforme a un procedimiento establecido por expertos de la mesa de adjudicaciones del Plan nacional sobre drogas, dependiente del Gobierno. La venta de la propiedad estaba prevista para satisfacer la multa impuesta a Oubiña, condenado por la Audiencia Nacional a seis años y nueve meses de prisión por narcotráfico.
Eran cuatro las empresas que habían presentado una oferta por el pazo. Las dos cooperativas vitícolas de O Salnés -Martín Códax y Condes de Albarei- Freixenet y Bodegas Izadi fueron las únicas que continuaron en la puja por hacerse con las instalaciones que en su día capitaneó el narcotraficante Laureano Oubiña. El precio de salida estaba fijado en 8.693.972,66 euros.
Además de presentar una oferta económica, todas las aspirantes a quedarse con estas instalaciones han tenido que elaborar un proyecto de viabilidad de la firma. De hecho, en las bases del concurso se valoraba también que la contratación de personas que hayan tenido problemas con las drogas, la aportación de parte de los beneficios a asociaciones de lucha contra el narcotráfico y, sobre todo, el hecho de que la adjudicataria continuase con la actividad vinícola de la finca.