nueva formación El partido de Rosa Díez propone derogar la Lei de Normalización Lingüística

Unión Progreso y Democracia (UPyD), formación creada hace tres meses por la ex socialista Rosa Díez, presentó ayer a sus cabezas de lista en las cuatro provincias gallegas con una exigencia de derogación de la Lei de Normalización Lingüística. «No se puede obligar a ningún alumno a que no reciba clase en su lengua materna», dijo el número uno por Pontevedra, José Manuel Rodríguez Andelo.

Este, cuando se le preguntó si, en consecuencia, su partido creía que el castellano estaba en peligro en Galicia, precisó que «el tema no es ese» y recordó que la ley de 1983 la hizo el PP «en un intento de darle mayor presencia al gallego». «Sucesivas modificaciones nos han llevado prácticamente a un monolingüismo en gallego», concluyó.

El representante de UPyD estimó «paradigmático» el anuncio de las galescolas que alude al orgullo de los padres por que sus hijos estudien en gallego. «Está bien, pero ¿los castellanohablantes no tienen libertad para estudiar en la lengua que conocen?». A su juicio, está en cuestión el derecho a la libertad de cada individuo.

Los aspirantes al Congreso aseguraron que la educación es uno de los pilares básicos de su programa y rompieron una lanza en favor de un modelo «laico, de calidad» y de «despolitizar los equipos de normalización lingüística». UPyD aboga por que la Administración garantice el derecho del ciudadano a estudiar en una u otra lengua, aunque el sistema vasco (la educación se imparte en euskera o castellano) lo ven solo posible por el cupo. «Es gracias al concierto por el que pueden mantener este costosísimo modelo. El País Vasco ingresa 2.000 millones de euros anuales, y Navarra, 700, que el resto de las comunidades no ingresan», suscribieron.

La lista de A Coruña la encabeza Antonio Cascón, sociólogo y coordinador general de UPyD en Galicia; la de Lugo, Luis Pérez de Llano; Ourense, Ángeles Rodríguez Baliño; y Pontevedra, Rodríguez Andelo. UPyD propone el cierre del modelo territorial y apuesta por un Estado federal que recupere competencias y capacidad impositiva.