El Tribunal Superior exime al armador de pagar la operación de vaciado del fuel del «Prestige»
VIGO CIUDAD
Una sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) exime a la firma armadora del Prestige , Mare Shipping, de correr con los costes de la operación para vaciar 13.000 toneladas de fuel del petrolero, tal y como estaba previsto por una resolución de la Capitanía Marítima de Vigo en caso de que los propietarios no presentaran a la Administración española un plan de extracción para neutralizar el pecio. Los magistrados consideran que una imputación de costes por la vía administrativa en plena instrucción de la causa penal en el juzgado de Corcubión es «prematura».
En realidad, el fallo del TSXG estima solo parcialmente el recurso presentado por los abogados del propietario del buque, pues considera que el armador debió atender a la solicitud de colaboración para el vaciado del Prestige .
En aquel momento -marzo del 2003-, la Administración marítima española solicitó al propietario del buque que en el plazo de siete días presentara un plan para neutralizar el pecio, bajo amenaza de que, si no lo hacía, el Estado acometería la operación por el procedimiento de ejecución subsidiaria y trasladaría los gastos a la empresa naviera.
Riesgo ecológico
En el recurso interpuesto a la Dirección General de la Marina Mercante, los representantes legales del armador minusvaloraban el riesgo ecológico del buque hundido y concluían que no merecía la pena afrontar la operación por su alto coste.
Este es el aspecto en el que el Tribunal Superior rechaza el recurso del armador, al considerar que la demanda española era «una adecuada reacción para la evitación de un manifiesto riesgo de contaminación del medio ambiente marino, incluso con peligro de que se reprodujera o empeorara la grave situación de contaminación que ya se había producido».
Por tanto, el requerimiento de la Administración española es considerado procedente, pero no así la eventual imposición del coste de parte o la totalidad de la operación, que alcanzó los 109 millones de euros y aún sigue causando gastos a las arcas del Estado.
Para los magistrados del Tribunal Superior, la imputación de costes es prematura, «y como tal anulable, debiéndose remitir dicha cuestión a la valoración que proceda en su día realizar respecto de los resultados de los procesos seguidos ante otras jurisdicciones», señalan en referencia a la causa penal que se instruye en el juzgado de Corcubión.
En realidad, la sentencia constituye la primera victoria legal que los abogados de Mare Shipping y Universe Maritime (la operadora del barco) ganan al Estado en el complejo panorama judicial del Prestige .