La teoría de los porcentajes de inversión presupuestaria en la que algunos políticos nadaron tan a gusto durante los últimos tres años empieza a caer por su propio peso. Cataluña, a través de la disposición adicional tercera de su Estatuto, inauguró esta extraña moda de que las comunidades le digan al Gobierno central lo que deben invertir en sus territorios. Pero tras las negativas experiencias en los tres últimos presupuestos -aún tienen que ver en qué invierten 700 millones que quedaron sin destino por la fiebre porcentual-, hasta Cataluña se replantea que eso del porcentaje es fácilmente manipulable y que lo importante es tener claro qué proyectos hay que ejecutar y en qué plazos.
De ahí que surja esta subcomisión incluida en el conglomerado bilateral Cataluña-Gobierno central para empezar la casa por los cimientos -definición de infraestructuras que debe financiar el Estado- y después asignar el dinero necesario. Y, sobre todo, vigilar si los presupuestos consignados finalmente se ejecutan o, como algunos economistas preveían, se quedan en meras ingenierías contables para llegar al tope porcentual marcado, sin tener en cuenta la marcha real de las infraestructuras.
En Galicia, los cantos de sirena sobre el célebre 8% deberían pasar a mejor vida si de verdad hay interés por que el asunto de los Presupuestos se mantenga al margen de los aparatos de propaganda de los partidos. Uno de los pocos organismos del Estado que hace públicos sus niveles de inversión real, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dejó claro en sus cuentas que de los 622 millones de euros presupuestados para la línea de alta velocidad Santiago-Ourense en el 2005 y el 2006, solo se ejecutaron 327 millones. A la luz de estos datos, que demuestran que este y otros proyectos sirvieron para engordar unos Presupuestos para alcanzar el fetichismo económico del 8%, cabe pensar si las próximas cuentas del Estado o las recientemente aprobadas pueden tener un mínimo de credibilidad para los gallegos.
Siguiendo la extendida fiebre por las comisiones bilaterales, no estaría de más que la Xunta propusiera una al Gobierno central para controlar el nivel de ejecución de los Presupuestos que se destinan a la comunidad. Sería una buena fórmula para comprobar la marcha de las obras y ver si el AVE podrá llegar al 2012 o tocará una nueva redefinición de plazos. Porque el compromiso del Estado con Galicia en un plan similar al que hoy echa andar para Cataluña -hay que recordarlo- era que el tren veloz sería tan rápido que llegaría en el 2010.