Trece vecinos de la parroquia de Sárdoma han sido los primeros en denunciar ante el juzgado de guardia al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por haber impedido el acceso libre al pleno en el que el pasado 29 de diciembre la corporación olívica aprobó el Plan Xeral de la ciudad con los votos del PSOE y el BNG.
Los denunciantes pertenecen al colectivo de opositores al documento urbanístico creado en la parroquia de Sárdoma, y con su denuncia se anticipan a una medida que también han anunciado el Movemento polos Dereitos Civís, que presentará el caso ante el Valedor do Pobo y la Fiscalía, y Alternativa Vecinal, grupo que considera que el Plan no cumplió todos sus requisitos legales.
Los trece denunciantes de Sárdoma señalaron en el juzgado que se presentaron ante el Ayuntamiento de Vigo hacia las cinco de la madrugada para garantizarse su entrada en una sesión que se antojaba a priori concurrida. Según relatan en su denuncia, «a la hora de inicio del pleno, las nueve horas, la Policía Local formó una barrera delante de la puerta de acceso, impidiéndonos la entrada». El escrito presentado en los juzgados da cuenta de que pese a que nadie pudo franquear la puerta principal de acceso al consistorio, las imágenes tomadas por los medios de comunicación certificaron la asistencia al pleno de personas que no habían formado cola para intentar entrar, y que en su mayoría eran dirigentes y militantes del PSOE de la comarca viguesa.
Para los denunciantes, este hecho es un claro caso de coacción, al impedir a la ciudadanía la asistencia a un acto público, que además condicionará y cambiará las características de Vigo. La existencia de sillas vacías en la sala donde se desarrolló la sesión evidencia también para el colectivo que interpuso la denuncia la existencia de un plan para impedir el acceso general al público y garantizar que solo entraban en la sala partidarios del controvertido PXOM.
Sin antecedentes
Aunque el desalojo de público de las sesiones plenarias es un hecho que ha ocurrido alguna vez a lo largo de todos los mandatos de la democracia en Vigo, así como la continuación de la reunión de la corporación a puerta cerrada tras registrarse algún tipo de incidentes, hasta ahora desde la alcaldía nunca se había dado la orden de cierre del acceso al salón de plenos antes de su inicio.
Los trece vecinos de la parroquia de Sárdoma extienden también su denuncia judicial contra el teniente de alcalde y líder del BNG vigués, Santiago Domínguez, y contra el jefe de la Policía Local.
La Justicia ha obligado a repetir ya sendos plenos en Cáceres y Valladolid por impedir sus regidores el acceso del público a las sesiones.