La operación Virgin, con la que se estrenó la nueva unidad de delitos urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil, comenzó a gestarse en el primer trimestre del año, cuando la concejala de EU-IU Pilar Díaz visitó en Santiago al fiscal de delitos urbanísticos del TSXG, Antonio Roma. Luego hubo denuncias formales por escrito tanto de esta edila como de otros del PSOE e IPM.
Con los hechos denunciados, el fiscal presentó una querella criminal ante los juzgados ferrolanos. Luego se puso en marcha la segunda parte de la investigación, que se le asignó a la unidad de delitos urbanísticos.
A los siete imputados de la primera tanda, los cuatro arrestados y tres personas más (otra arquitecta, un promotor y un promotor-constructor) se les relaciona con una supuesta trama con un pie en la oficina municipal y otro en el sector privado: pago de favores con direcciones de obra en otros concellos, trato de favor o informes favorables. O recomendaciones para que el promotor o constructor que llegaba a realizar gestiones ante el Concello de Mugardos los tramitase a través de determinados técnicos. La investigación trata de aclarar si la aparejadora era compensada con direcciones de obra en municipios ajenos a Mugardos por el supuesto trato de favor a determinadas personas.
Las indagaciones buscan aclarar el entramado societario formado por el grupo Cortizas Inversiones, S.?L., parece que creado por los dos hermanos y en el que se habrían integrado el guardia municipal arrestado y su esposa. Esta gestiona la inmobiliaria Xesven, que también fue registrada el pasado lunes.