La recta final del nuevo Plan Xeral de Vigo provoca un enfrentamiento entre el alcalde y los empresarios urbanísticos ante el aumento de la vivienda protegida
25 nov 2007 . Actualizado a las 02:00 h.En los próximos días se sabrá si la sangre llega al río ante la decisión municipal de multiplicar por dos las previsiones de reserva de terreno destinado a vivienda protegida en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo. La medida ha sido impulsada por el socialista Abel Caballero, quien la exhibió durante su campaña electoral. Una vez en el cargo se ha empeñado personalmente en aplicarla, lo que ha generado una nueva crisis urbanística en la ciudad.
Según el discurso de Caballero y de su equipo de gobierno, que protagonizan desde hace semanas una campaña para difundirlo, la medida busca ofrecer viviendas asequibles a aquellas personas que no pueden adquirir un piso sin subvenciones.
Obviamente, la decisión también genera damnificados, principalmente los promotores urbanísticos y posiblemente también los propietarios de terrenos. La asociación de promotores, Aproin, ha llegado al extremo de advertir que si no hay cambios se negarán a firmar los convenios urbanísticos incluidos en el Plan Xeral. Este órdago, de llevarse a cabo, tendría consecuencias importantes.
Así, además de paralizarse diversos proyectos, quedarían sin financiación numerosas infraestructuras previstas en el documento, caso de carreteras, túneles y otras dotaciones.
Sin embargo, los promotores han aclarado que en última instancia ellos se limitarán a paralizar sus proyectos a la espera de que escampe el temporal. O, en caso contrario, pagarán precios muy inferiores por los terrenos a edificar, con una rebaja media que estiman en 260 euros por metro cuadrado.
Otra cifra que da idea de lo que está en juego la ofreció el propio alcalde. Según Caballero, el incremento del 22% previsto inicialmente al 43% actual de vivienda protegida supondrá que los compradores de este tipo de pisos se ahorrarán nada menos que 3.000 millones de euros. Con este dato achaca a los promotores la defensa de intereses particulares, aunque lo cierto es que el colectivo también ha recibido apoyos en la esfera política.
El principal, sin duda, el del Partido Popular. Corina Porro y José Manuel Figueroa, ex alcaldesa y ex concejal de Urbanismo, atribuyen a Caballero la paralización de la ciudad por motivos exclusivamente políticos. Consideran que el Plan Xeral fue parado por la Xunta a instancias de Caballero para mejorar sus posibilidades electorales. A su juicio, las 36.000 viviendas protegidas previstas hasta ahora son más que suficientes para una demanda que la Xunta reduce a 4.000 solicitantes.
Tampoco estaba muy entusiasmado con este cambio el Bloque, que lo ha asumido con disciplina para posibilitar una coalición sin excesivos sobresaltos. De hecho, el BNG negocia con los promotores una salida que acabe con esta grave crisis.