El alcalde de Santiago admite que ya conocía «dende o principio» el desfase en el gasto del complejo
GALICIA
El desfase de más de 270 millones de euros (casi 45.000 millones de las antiguas pesetas) registrado en el gasto de las obras de la Ciudad de la Cultura era algo que ya se podía anticipar desde 1999, cuando el proyecto empezó a cobrar forma. Eso es al menos lo que afirmó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que explicó que nunca se atrevió a denunciar públicamente dicha desviación presupuestaria «por lealdade institucional».
Bugallo compareció ante la comisión parlamentaria que investiga las obras del Gaiás y destacó que aunque era un patrono más de la Fundación Cidade da Cultura, la encargada de gestionar todo el proyecto, su participación en la toma de decisiones fue más bien anecdótica. De hecho, el regidor puso de relieve que, aunque estaba invitado, ni siquiera participó como miembro del jurado del concurso de ideas del complejo ni en la mayoría de las reuniones en las que se adjudicaron las obras de construcción.
Ahora bien, Bugallo dijo ser consciente «dende o principio» del sobrecoste que tendría el proyecto, pues consideró que el presupuesto que se barajaba inicialmente, unos 108 millones de euros, era más bien una declaración de «boa vontade» que una valoración real. «Cando se falaba de 700.000 metros cadrados en obras -subrayó el mandatario municipal- xa vía que non era posible acometer esa actuación por ese prezo». Es más, Bugallo detalló que el momento en que se disparan los costes es cuando la idea de Eisenman se empieza a transformar en un proyecto arquitectónico, edificio a edificio. «O desfase é algo que non se viu ao final de todo, senón en cada fase», puntualizó.
Aun así, el alcalde aclaró que nunca denunció la escasa eficiencia y racionalidad que se estaba realizando con el dinero público por considerar que no era su cometido. «A miña posición era de lealdade institucional, estaba no padroado para colaborar, non para facer oposición», resaltó el regidor socialista, antes de advertir que en todo momento actuó guiado por el «principio de confianza» con el Gobierno de Manuel Fraga, llegando a la conclusión de que si todos los informes jurídicos y de intervención eran correctos, no había nada que denunciar.