Ángel Currás sostiene que la revisión del contrato privó a Eisenman de 5 de los 14 millones de sus honorarios
GALICIA
La comisión de investigación del Gaiás posibilitó ayer el consenso de comparecientes y diputados sobre la incapacidad del autor del proyecto para su ejecución. El ex director gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ángel Currás, apuntó que la revisión del contrato del arquitecto, en el 2002, permitió resolver «disfuncións derivadas da concentración de responsabilidades» en un único equipo (Eisenman Architects), pero defendió que esto no incidió en el aumento del coste de una obra que lleva camino de quintuplicar la factura prevista. Achacó ese aumento, entre otros factores, a la decisión política de crear un aparcamiento subterráneo, a la instalación de cubiertas de piedra, a la subida de los costes de la construcción y el acero, y a la falta de una «medición exacta» de una superficie con muchos «espazos baleiros».
Currás, hermano del ex conselleiro de Educación de Fraga, dijo que Eisenman dejó de ingresar 5 de los 13,9 millones de euros de sus honorarios. «O que cobrou non chegou aos 9 millóns de euros», aseveró. Con todo, esa revisión dio lugar a un contrato con Perea Asociados, por lo que el supuesto ahorro se destinó a pagar a otro equipo de arquitectos para ejecutar la obra de Eisenman. Currás indicó que el autor no fue apartado «en ningún momento» del proyecto.
Tanto el socialista Fernández Leiceaga como el nacionalista Aymerich sacaron a colación las objeciones que el Consello de Contas incluye en su informe respecto a esas y otras contrataciones. Preguntado al respecto, Jesús Raposo, que fue asesor jurídico de la fundación del 2002 al 2005, subrayó que intervino en un centenar de contratos y que no dieron lugar a una sola reclamación administrativa ni jurídica. Dijo que Contas no habla de irregularidades, si bien Leiceaga precisó que alude a un «grave incumprimento» en el contrato con Perea. Raposo significó que la fundación, por su naturaleza privada, no está sometida a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a la publicidad de las contrataciones. Leiceaga y Aymerich denunciaron una concentración de adjudicaciones superior al 70%.