El cuñado de Rajoy no aclara cómo llegó a ser director económico de la Fundación Cidade da Cultura

El ex director económico financiero de la Fundación Ciudad de la Cultura, Manuel Fernández Balboa, ha asegurado que presentó su renuncia a su «puesto político» una vez que se produjo el cambio de gobierno en la Xunta en verano de 2005.

Fernández Balboa, que ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre la totalidad de las actuaciones públicas referentes a la Ciudad de la Cultura en el Parlamento gallego, ocupó el puesto entre enero de 2001 y noviembre de 2005.

El compareciente ha explicado que al producirse el cambio de Gobierno entendió que no iba a haber «confianza» en su persona por parte del nuevo Ejecutivo, formado por nacionalistas y socialistas, ya que, a su juicio ocupaba un «puesto político».

Los grupos del BNG y del PSdeG preguntaron a Fernández Balboa si su relación «político-familiar» con el presidente del PP Mariano Rajoy, de quien es cuñado, influyó para conseguir el cargo en la Fundación.

«No comento cómo entré, sólo como salí», ha declarado.

Además, preguntado por el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, sobre un viaje realizado a Valencia en compañía, entre otros, de Francisco Loimil, ha señalado que le pidió a esta persona que le acompañase para que lo «asesorase en términos de patrocinio».

Francisco Loimil es socio auditor de la compañía Auditores Asociados de Galicia, encargada de realizar las auditorías externas a la Fundación de la Ciudad de la Cultura entre los años 2000 y 2005, y declaró ayer en la misma comisión que «nunca» había recibido propuestas de la Fundación para realizar gestiones de patrocinio y que su relación se limitaba a las auditorías.

También ha comparecido hoy el ex director gerente de la Fundación Ángel Currás, que ha defendido que el nuevo contrato con Peter Eisenmann, realizado en 2002 y que sustituía a uno anterior, resolvió las «disfuncionalidades derivadas de la concentración de responsabilidades» en un solo equipo de arquitectos para desarrollar el proyecto básico y el ejecutivo.

Por lo tanto, según ha explicado Currás, Eisenmann no fue apartado del proyecto en «ningún momento», así como tampoco de sus responsabilidades ejecutivas, a pesar de que a partir de ese instante su equipo trabajó conjuntamente con la UTE de Perea Euroestudios de forma «intensa y eficaz».

El ex responsable de la Fundación ha dicho que la modificación de obra fue del «1,05 por ciento» y ha destacado que en los proyectos de ejecución de los edificios figuraba el uso y el contenido de los mismos, por lo que «la Ciudad de la Cultura disponía de contenidos».

Preguntado por los contratos de patrocinio, el compareciente se ha mostrado tajante y ha asegurado que «ni hubo contratos de gestión de patrocinio ni los iba a haber en la Ciudad de la Cultura».

Currás ha achacado el aumento del coste del proyecto a la «singularidad» del mismo, al incremento del 30 por ciento en el IPC en la construcción entre 1999 y 2006, a la subida del 72 por ciento del coste del acero entre 2002 y 2005, a la instalación de cubiertas en los edificios no previstas inicialmente y a las licencias municipales, entre otras causas.

Además de Currás y Fernández Balboa, también ha comparecido el ex asesor jurídico de la Fundación Jesús Raposo quien ha destacado que las contrataciones realizadas por la Fundación se ajustaron a derecho «sin ninguna duda» y ha apuntado que de los cien contratos en los que participó «no hubo ninguna reclamación».

Según Raposo, el informe del Consello de Contas no habla de irregularidades ni de ilegalidades, sino que informa de que hay criterios «que no comparte».

---

---

---