Funcionarios y opositores recurrirán la reforma de la Lei da Función Pública por la vía penal

La Voz

GALICIA

17 oct 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

Los funcionarios y opositores integrados en el Movemento pola Igualdade no Emprego Público presentarán un recurso por la vía penal contra la norma 13/2007 que el Parlamento gallego aprobó en julio pasado para reformar la Lei da Función Pública de Galicia, y que, entre otras novedades, introduce la controvertida consolidación del complemento de destino para todos los funcionarios que, durante dos años consecutivos o tres alternos, ocuparon altos cargos desde 1981.

La propia Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señaló a ese colectivo, uno de los más activos en la movilización contra la ley, el camino a seguir al concluir, a instancias de una denuncia efectuada por esa plataforma, que el contenido de la ley rebasa sus competencias y señalar a los denunciantes que, en su caso, deberán acudir a la vía jurisdiccional adecuada. El Movemento pola Igualdade no Emprego Público fundamentó su denuncia en tres puntos principales. Por una parte, considera que la reforma de la Lei da Función Pública rompe el principio de igualdad en el acceso al funcionariado, concediendo prioridad, sostiene la plataforma, a los que se encuentran en situación de interinidad y que, en general, se favorece a los que ya están dentro de la Administración en detrimento de los opositores. Además, el colectivo alega que el plan de consolidación de empleo atenta contra sentencias del Tribunal Superior. En cuanto al plus para ex altos cargos, insisten en que es discriminatorio e inconstitucional.

Iniciativa legislativa popular

Al margen del recurso por vía penal que tiene decidido presentar el Movemento pola Igualdade no Emprego Público contra la norma 13/2007, la organización sindical CIG ya anunció en su momento la intención de poner en marcha un proceso para presentar una iniciativa legislativa popular contra esa ley, siguiendo el camino señalado en ese caso por el Valedor do Pobo. Para ello, el sindicato nacionalista precisa conseguir las firmas de 15.000 ciudadanos con derecho a voto.