En la aldea de Vilarchán, en Ponte Caldelas, nadie quiere hablar de un tema que sin embargo estaba ayer en mente de todos: la decisión de la comunidad de aguas de este lugar de la parroquia de Tourón de hipotecarse para comprar una vivienda. El objetivo, evitar que la adquiera una familia gitana procedente del poblado de O Vao, en Poio, y, al parecer, con liquidez para pagarla en mano.
Los cien vecinos de la aldea están dispuestos a hacer frente a los casi 250.000 euros que piden por el inmueble, una casa con las paredes todavía de cemento situada al lado del campo de la fiesta. Hay quien dice que no tienen nada en contra de esa familia, pero sí de que se puedan sembrar los mimbres para un futuro asentamiento gitano en el corazón de Vilarchán.
El secretario de la comunidad de aguas, Manuel Barreiro, no quiso pronunciarse ayer sobre la asamblea celebrada el domingo, donde se adoptó el acuerdo: «No hay nada que comentar». Esa frase, repetida, fue todo lo que dijo. Tampoco fue posible hablar con el concejal delegado, el popular Gonzalo Martínez, vocal en la comunidad de aguas. Su mujer ejerció como interlocutora, asegurando que no iba a comer en casa y que no estaría localizable hasta la noche.
Tras este mutismo parece estar el temor a que se acuse a los vecinos de Vilarchán de racistas. Precisamente, a esto se refirió ayer el alcalde de Ponte Caldelas, el popular Perfecto Rodríguez: «El Ayuntamiento no tiene nada que ver con esa operación. Lo que puedo decir es que entiendo la preocupación de los vecinos, pero su actitud no debe interpretarse como xenófoba o racista. Todo el mundo sabe lo que hay en O Vao y lo que genera O Vao». Este poblado marginal está considerado como un supermercado de la droga y sus habitantes serán desalojados en breve para derribar las chabolas.
Vilarchán es un lugar bastante próximo a Pontevedra donde se han construido muchas viviendas unifamiliares, algunas de ellas segundas residencias de habitantes de la capital. Según el regidor, la solución adoptada, la compra del inmueble por la comunidad de aguas, es legal.
Aunque parco en palabras, quien cuestionó la decisión vecinal fue el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, quien dijo: «Yo creo que no hay mucho lugar a mi opinión. Creo que por sí misma, chirría un poco».
En el único bar de Vilarchán, se oían ayer los gritos de la dueña de la casa: «A ver quién dio a la prensa todo eso».