La denunciante dice que ha recibido amenazas, coacciones y ofertas de dinero para olvidar el tema
A CORUÑA CIUDAD
Araceli Martínez, propietaria de la vivienda de Vigo que linda con la que tiene orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), compareció ayer en Santiago junto a sus abogados, Carlos Corredoira y Miguel Hernández, para explicar su versión del caso. La mujer, especialmente nerviosa, aseguró sentirse amenazada y haber sufrido coacciones. Indicó también que incluso llegaron a ofrecerle dinero para olvidar el asunto. «Que se guarden el dinero, mi dignidad no se paga», afirmó.
La mujer explicó que inicialmente interpuso una denuncia en el Ayuntamiento de Vigo cuando se estaba empezando la construcción porque, dijo, «ocupaba parte de mi terreno». Los abogados de Araceli Martínez recordaron que el Concello dio la razón a su clienta y se derribó una parte de la obra, pero se les ofrecía la opción de recurrir al contencioso-administrativo si lo creían necesario. La cuestión es, según la mujer, que sus vecinos solicitaron un permiso para reformar una vieja casa, pero, siempre según la denunciante, la transformaron en una vivienda nueva de dos plantas más sótano. La mujer insistió en que el TSXG falló a su favor porque la casa incumple la normativa urbanística en cuanto a lindes y retranqueos. «Algunas tumbas tienen más luz que la casa de mi clienta», apuntó Corredoira, uno de sus abogados, sobre las condiciones del piso tras construirse la vivienda colindante.
Ilegalidad
La denunciante reiteró que se trata de una ilegalidad. Ante la existencia de otras construcciones ilegales que no se ven afectadas por la piqueta, Araceli Martínez fue rotunda: «Todo lo ilegal que se tire». Por ello, rechazó cualquier acuerdo con sus vecinos e insistió en que «es un acto ilegal y tiene que cumplirse la legalidad».
Los letrados indicaron que se podría denunciar a las personas que impidieron el derribo por obstrucción a la Justicia, y sobre las declaraciones del alcalde de Vigo en las que éste lamentaba tener que tirar la casa, Corredoira aseguró que «lo que está lamentando es cumplir sus normas urbanísticas». También criticó el «intento» de presión a los tribunales, en alusión a la concentración ante el TSXG en A Coruña.