Los vecinos de Sampaio se relevan por turnos para vigilar la calle Rosal Florido y alertar de la llegada de las máquinas excavadoras al matrimonio sobre cuya vivienda pesa una orden judicial de derribo por una infracción urbanística. El pasado lunes, una aglomeración de 300 residentes del barrio vigués bloquearon el paso a la concejala de Urbanismo, que portaba la orden judicial, y a las palas.
Los propietarios de la casa disponen de una red de informadores que los avisan por teléfono móvil de cualquier movimiento sospechoso que tenga lugar en el barrio. Saben que disponen de unos días de tregua hasta que el juez reciba el acta de incumplimiento de derribo que le debe enviar el Concello y que lo más seguro es que la próxima vez vuelvan las máquinas escoltadas por la policía.
Mientras, la casa se ha convertido en un reclamo turístico. Llegan vigueses a todas horas para manifestar su solidaridad. El dueño los acompaña al patio para que juzguen con sus propios ojos si la obra ilegal es una barbaridad urbanística, otro adefesio del feísmo que merezca la demolición o si debe ser amnistiada. «Tenemos las puertas abiertas a todos. Viene gente de otros barrios que han leído nuestro caso en la prensa, tienen dudas sobre la gravedad de la infracción y quieren conocer la casa. Les dejamos examinar la obra y salen con la impresión de que esto es una injusticia. Hasta nos dan sus nombres y firmas», comenta el dueño de la casa, Manuel Dasilva, obrero de calderería en el naval.
Algunos equipos de televisión de ámbito nacional han instalado unidades móviles al pie del camino y entran en directo para entrevistar al matrimonio. Un vecino que ayer visitó la casa, de 45 metros cuadrados de planta más el desván, revisó los muros que lindan con la finca de la vecina que demandó a la pareja. El visitante dijo que pudo observar que el solar de la denunciante se alza dos metros por encima de la casa de Manolo y Charo. Además, sus muros y paredes carecen de ventanas, salvo una terraza y una habitación, siempre en una cota superior. Tras esa inspección, el visitante concluyó que, a su juicio, no veía ninguna irregularidad.
«Debería venir en persona el juez que ordenó la demolición para que compruebe que no le quitamos las vistas a nadie», comenta Charo Amorín, propietaria de la casa y cajera de un supermercado vigués.
Su marido se acerca al patio y señala hacia la ciudad y la ría. «Desde mi casa puedo ver muchos edificios ilegales, algunos con orden inminente de derribo, que siguen ahí. El Ayuntamiento tiene la potestad para ejecutar la demolición. ¿Por qué soy yo el primero?», lamenta.
Una casa de 50 años
Charo, que vive desde hace 39 años en ese lugar, y Manolo obtuvieron en 1999 un permiso municipal para reformar una pequeña vivienda de 50 años de antigüedad que pasó por tres propietarios anteriormente. El matrimonio se hipotecó y tiró dos muros de ladrillo que no sostenían el peso, levantó dos paredes nuevas y alzó el tejado dentro de la cota autorizada. «Los planos de la antigua casa están en el Ayuntamiento. No sobrepasamos los lindes; solo la rehabilitamos, pero el juez dice que es obra nueva y la manda tirar. Es absurdo», se lamenta Manolo.