El valedor do pobo también advierte a la CIG del deber de la institución «de respectar a configuración estatutaria da potestade lexislativa e a súa atribución exclusiva ao Parlamento de Galicia». En ese sentido, recuerda que la modificación de la disposición adicional 17, incorporada a espaldas de los sindicatos en la Lei da Función Pública 13/2007, exige el ejercicio de iniciativas legislativas que el artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Xunta (por medio de un proyecto de ley), al Parlamento (a través de una proposición de ley) y a los propios ciudadanos. El valedor señala expresamente que el sindicato «podería promover tal reforma» por una iniciativa legislativa popular. Para que esa iniciativa, que la CIG está dispuesta a impulsar, pueda debatirse precisa el respaldo de las firmas de 15.000 gallegos con derecho a voto.
La posibilidad de que la Xunta o el Parlamento promuevan una reforma de la ley que aprobaron en julio, con el voto en contra del PP, es remota. El BNG es el único grupo que ha mudado su posición ante el «malestar social» que achaca al complemento retributivo de altos cargos, que fue incorporado a la ley en una disposición adicional propuesta por el PP y que, a diferencia de la norma, sí concitó el consenso de los tres grupos. A pesar de una improbable derogación, los afectados que reclamen el plus lo cobrarían porque se trata de un derecho adquirido por ley.
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