El PP tramita una queja formal contra la Xunta por «ocultar» el expediente del vial de Barbanza
GALICIA
Les abrieron de par en par las puertas de la consellería, pero aseguran que lo que buscaban no estaba allí. Los diputados Manuel Ruiz y Alejandro Gómez, ambos del grupo del PP, elevarán una queja formal a la presidenta del Parlamento por el «agravio» y el «mal trato» recibido ayer por parte de los responsables del departamento de Política Territorial cuando pretendían consultar el expediente relativo a la licitación de la autovía de Barbanza.
Los diputados populares volvieron ayer, por segunda vez esta semana, a la consellería que dirige María José Caride con el propósito de consultar toda la documentación sobre una adjudicación que consideran, cuando menos, sospechosa. Según aseguran, se benefició a la empresa que los técnicos habían recomendado en segunda posición, pues presentaba una oferta más cara.
Esta vez, los responsables de Política Territorial sí permitieron el acceso de los parlamentarios a los expedientes, si bien Ruiz declaró ayer sentirse agraviado «como deputado e como cidadán», a la vez que acusó a la consellería de «ocultar» la información requerida.
Acoso y coacciones
«Fomos coaccionados e acosados», explicó Ruiz en rueda de prensa, donde también remarcó que la documentación requerida por el grupo de la oposición «non estaba alí, nin nunca o estivo». Por todo ello, avanzó que su grupo solicitará el amparo de la presidenta de la Cámara, la socialista Dolores Villarino, por lo que consideran una violación clara de sus derechos de diputado.
Aun así, Manuel Ruiz evitó detallar exactamente qué es lo que pudieron consultar los populares en el tiempo que permanecieron en Política Territorial y cuáles fueron los expedientes puestos a su disposición. Sí se quejó de que se negara el acceso a los dos expertos en procedimiento administrativo que acompañaron a los populares y de que en todo momento los parlamentarios estuvieran acompañados por personal de la consellería, como intentando evitar «que marchásemos con algún papel na mochila», manifestó Ruiz. De igual modo, el PP denunció que a Alejandro Gómez se le prohibió tomar fotografías, a la vez que se le pusieron «dificultades», según Ruiz, para realizar fotocopias, pues le dieron la opción de acudir al registro y solicitar las copias de las hojas una a una o de pedirlas todas juntas al final del proceso.
En cambio, la versión ofrecida por Política Territorial de lo que ocurrió dentro de las instalaciones es muy diferente a la del PP. El departamento de Caride asegura que respetó «escrupulosamente» la legalidad relativa a la consulta de expedientes oficiales e insiste en que puso a disposición de los diputados toda la información requerida sobre la autovía de Barbanza.
Ahora bien, la conselleira admitió que restringió el acceso a los documentos únicamente a los diputados, pues son los que disponen de este derecho, a la vez que señala que tuvo que conciliar la tarea de los parlamentarios con la necesidad de mantener «debidamente custodiada» la documentación, de ahí que las consultas se realizaran en presencia de dos funcionarios.
La conselleira de Política Territorial tiene previsto comparecer el próximo lunes en el Parlamento para dar explicaciones sobre el proceso de adjudicación del vial barbanzano, que primó la oferta presentada por el grupo Sacyr frente a la constructora San José, que el PP asegura que fue la mejor puntuada en primera instancia.