La Xunta y el Parlamento pueden llevar la norma al Constitucional

Tanto la Xunta como el Parlamento pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Lei da Función Pública. Esa iniciativa, que también podría ser adoptada por el presidente, 50 diputados o 50 senadores, debería formalizarse ante el Tribunal Constitucional en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial de Galicia. Por lo tanto, el plazo finaliza el próximo 27 de noviembre. Sin embargo, aunque resulte factible técnicamente, parece más que improbable que ni el Gobierno ni el Parlamento lleven al Constitucional una ley que ellos mismos acaban de aprobar.

En cuanto a la posibilidad de reformar una ley aprobada en el Parlamento, esta misma legislatura ofrece un ejemplo con la Lei do Dereito Civil. La Cámara aprobó una reforma de esa norma en el 2006 y este mismo año la corrigió por consenso de los tres grupos. La reforma es posible, pero no la privación de un derecho adquirido por ley.

El presidente de la Xunta manifestó ayer en Madrid que lo que aprobó el Parlamento para los ex altos cargos fue una actualización de «algo máis de 3.000 euros» de un plus que ya existía. Touriño consideró que se ha hecho «demagoxia», ya que «desde o ano catapún, igual que noutras comunidades, había un complemento para estes funcionarios de algo máis de 11.000 euros». Sobre la posible reforma, Méndez Romeu señaló que no tiene constancia y que, una vez que las normas se aprueban, no viene al caso modificarlas. Por su parte, el Movimento pola Igualdade no Acceso ao Emprego Público niega el cálculo de la Xunta de que el plus supondrá un millón de euros y pide al BNG que dé «pasos concretos» para su reforma.