Los préstamos del Instituto de Crédito Oficial, de interés cero, empezaron a vencer en el 2005
16 sep 2007 . Actualizado a las 02:00 h.La Administración de Justicia ha comenzado a ejecutar demandas de embargo presentadas por el Gobierno contra los beneficiarios de los créditos blandos concedidos a empresas y particulares por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como parte de las ayudas para paliar los efectos del accidente del Prestige . Las demandas de ejecución de embargo, que ya se cuentan por decenas tanto en la provincia de A Coruña como en la de Pontevedra, han sido tramitadas por la Abogacía del Estado después de que vencieran parte de estos créditos, en los que el ICO funcionaba como avalista.
Hay que recordar que, a raíz del real decreto del 23 de noviembre del 2002, las empresas podían anular las pólizas de préstamos que tenían con entidades privadas siempre y cuando tuvieran una relación directa con su actividad empresarial.
Entonces, los afectados firmaban pólizas nuevas a un interés del 0% en las que el ICO funcionaba como avalista. Por tanto, cuando el crédito vence, el banco reclama el dinero al ICO, que suscribe el aval (paga el préstamo), tal y como figura en el contrato.
Después, es el ICO el que reclama a los afectados, a través de burofax, para que restituyan el dinero del préstamo. Las demandas de embargo llegan ahora para aquellos que no atendieron a estos primeros requerimientos de pago, en algunos casos con intereses de demora especialmente altos que convierten las deudas en una pesada carga.
La situación se complica enormemente cuando se atiende a la situación económica y social de algunas e estas pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas, incluidas en el sistema de estimación directa para valorar los daños que les causó el vertido, aún no han cobrado las indemnizaciones, al no estar de acuerdo con el peritaje de daños que llevó a cabo el Consorcio de Compensación de Seguros, que, como el ICO, es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.
Sin acuerdo
Por tanto, los damnificados no firmaron acuerdo transaccional alguno y todavía no renunciaron a indemnizaciones futuras, como sucedió con cerca de 20.000 afectados que, mayoritariamente, negociaron sus compensaciones de forma colectiva a través de los representantes de las cofradías.
La situación de algunos afectados por el vertido se resume de esta manera: aún no han cobrado las indemnizaciones, pero se enfrentan a un embargo por crédito impagado que, según su testimonio, «amenaza la continuidad de empresas pequeñas de carácter familiar». Estos damnificados, además, suscribieron un compromiso de ceder sus derechos indemnizatorios en favor del Instituto de Crédito Oficial.
Fuentes jurídicas que defienden a los afectados consideran que los créditos blandos del ICO deberían haberse vinculado en un principio a una primera valoración de los daños y esperan, de alguna forma, que los créditos puedan ser renegociados, una opción que sí tendrían en la banca privada.
Jaime Fernández, uno de los abogados que defiende a un grupo de estos damnificados, considera que todas las Administraciones «están realizando un importante esfuerzo para que se pueda reconducir la situación». Otros juristas se muestran más pesimistas sobre unos procesos que ya están en manos de la Justicia «y que ni siquiera una decisión de carácter político podría frenar».
Muchos de los créditos suscritos en el 2003 tenían dos años de vencimiento y la Administración esperó uno más para que los acreedores pudieran hacer frente a los pagos antes de activar las demandas para ejecutar los embargos. Estas comenzaron a tramitarse por la Abogacía del Estado a partir de enero de este año y, sucesivamente, empezaron a ser admitidas a trámite por los juzgados de primera instancia. Los afectados a los que les llegó la orden de embargo se aferran de momento a los recursos judiciales.