Abel Caballero eludió ayer explicar qué tipo de criterio empleó para realizar el cerca de un centenar de contrataciones que llevó a cabo desde la presidencia del Puerto vigués y que sirvió para dar trabajo temporal a al menos una treintena de personas relacionadas, directa o a través de familiares o amigos, con el PSOE. Caballero, en cambio, quiso identificar las informaciones donde se desvelaron dichas prácticas con ataques a Vigo.
Aunque obvió el tema de las contrataciones, sí quiso recalcar que la cesión de un piso propiedad del Puerto a su portavoz municipal es del todo legal, aunque el beneficiado, Carlos López Font, haya reducido al mínimo su presencia y dedicación al puesto en la Autoridad Portuaria desde que resultó elegido concejal y asumió gran parte de las responsabilidades del equipo de gobierno municipal.
El PP pretende que dicha situación y la de los contratos sea explicada en el Parlamento por el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Paz. El diputado popular Ignacio López-Chaves -firmante de la solicitud de comparecencia- plantea abiertamente ante el Parlamento la existencia de «irregularidades» en el proceso de contratación seguido en la institución viguesa. «Abel Caballero utilizó recursos públicos de la Autoridad Portuaria de Vigo para realizar la campaña que lo situó en la alcaldía; puso en marcha una red clientelar para enchufar a sus amigos en el Puerto, y empleó la entidad para pagar fidelidades políticas», manifiesta López-Chaves.