El Gobierno gallego está dispuesto a aprovechar la vía abierta por el Ejecutivo de Zapatero para la descentralización del transporte ferroviario de cercanías, una infraestructura de la que carece esta comunidad y que resultaría decisiva para mejorar las comunicaciones en las principales áreas metropolitanas. La Consellería de Política Territorial entiende que el modelo de gestión ferroviaria aprobado para Cataluña, y que el Gobierno prevé extender a Madrid como paso previo a la oferta del traspaso de competencias al resto de las comunidades, propiciará un debate «positivo» para la pretensión de la Xunta de disponer de una red de cercanías que contribuya a potenciar el transporte público en las principales urbes.
Sin red de cercanías
En todo caso, el departamento que dirige María José Caride esperará a conocer en detalle las intenciones del Gobierno para negociar después las condiciones presupuestarias en las que se produciría esa transferencia. Aunque Galicia no dispone de una red ferroviaria de cercanías en sentido estricto, sí cuenta con una serie de líneas que Renfe considera regionales pero que mueven a miles de pasajeros cada día dentro de una misma área metropolitana, como la que conforma el eje Vigo-Pontevedra. En ese sentido, Política Territorial sostiene que a Galicia le interesa que esa transferencia pueda extenderse a otros servicios ferroviarios cuya descentralización, siempre que se dieran unas condiciones presupuestarias interesantes, sería positiva para mejorarlos y acercarlos a la demanda real de los ciudadanos en las principales ciudades de la comunidad y sus áreas de influencia. La demanda del ferrocarril en Galicia tampoco es homogénea, ya que subsisten líneas que tienen que ser subvencionadas para el mantenimiento del servicio junto a otras que, por el aumento de usuarios y a iniciativa de la Xunta, han sido reforzadas en los últimos meses con más conexiones.
En principio, además de Cataluña y Madrid, la aplicación de la oferta de traspaso competencial para la gestión de las redes ferroviarias favorecería al País Vasco (con líneas de cercanías en el área metropolitana de Bilbao y en San Sebastián), Andalucía (Sevilla, Málaga y Cádiz), Comunidad Valenciana (Valencia y Alicante), Murcia, Cantabria y Asturias.