El Movemento pola Igualdade no Emprego Público ha calificado de inadmisibles las excusas del presidente de la Xunta sobre la consolidación del plus de los altos cargos. En primer lugar, aún admitiendo que el incremento real sea sólo de 3.494,54 euros brutos anuales -datos aportados por la propia Consellería de Presidencia- pagar este importe a los cuatro mil funcionarios ex altos cargos, ex alcaldes y ex diputados que se estima que cumplen los requisitos supone ya un desembolso de casi catorce millones de euros cada año.
Además, aunque los ex altos cargos ya tenían un plus de más de once mil euros, no ocurría así con ex diputados y ex alcaldes, que se beneficiarán de este complemento, pero que en la ley a la que hizo referencia Pérez Touriño no estaban incluidos. Por otro lado, el colectivo también cuestiona la afirmación de que no va a dotarse una partida presupuestaria específica, ya que considera que «precisamente faise para que se descoñeza o inxente custo que lle supón ás arcas públicas este privilexio», recuerdan.
Mientras el presidente de la Xunta alega que sólo se está consolidando una situación que ya existía, el colectivo por la igualdad en el empleo público critica precisamente que se consolide, y se aumente, un privilegio por el que los cargos políticos «verán incrementado durante toda a vida o seu complemento de destino ata acadar os 14.721 euros, que é o complemento de destino fixado para os directores xerais, a costa do erario público».
Defensa del trabajo
Los funcionarios consideran esto un insulto a la carrera administrativa, «que debera estar baseada no mérito, na formación e na capacidade, e non na modalidade bananeira do enchufismo político e persoal que esta medida fomenta». Como ejemplo, el colectivo recuerda que un funcionario que sea durante dos años alcalde o diputado podrá incluso doblar su sueldo respecto a sus compañeros haciendo el mismo trabajo (si está por ejemplo en los grupos D o E), y en todo caso incrementarlo considerablemente aunque pertenezca al grupo A.
Iniciativa legislativa
El movimiento apoya la elaboración de una iniciativa legislativa popular (ILP), así como de todas las actividades que por vía legal o bien a través de la movilización social estén encaminadas a derogar unas medidas propias de una Administración «bananera».
Finalmente, denuncian la complicidad de los dos grupos del Gobierno, PSOE y BNG, y el silencio «selectivo» de la oposición, que denuncia sólo algunas partes de las modificaciones de la Lei da Función Pública, «que lle interesan a nivel partidario».
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