Podrán optar a esta subida todos los funcionarios que cumplan los requisitos desde el año 1981

La reforma de la Lei da Función Pública afecta a todos los funcionarios que hayan desempeñado cargos de directores general o superior, que hayan asumido con exclusividad alcaldías, presidencias de diputaciones o bien que hayan sido diputados o senadores también con dedicación exclusiva desde el año 1981. Todos los que cumplan los criterios especificados en la norma podrán solicitarlo, aunque el pago de este complemento no tendrá carácter retroactivo.

La aprobación de la reforma de la norma levantó una gran polémica en su momento -cuando salió a la luz que los altos cargos tendrían este plus-, incrementada ahora con la denuncia por parte del MIEP de que también se beneficiarían los ex alcaldes y ex diputados. Hasta el punto de que altos dirigentes actuales, como la directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda, Encarna Otero, manifestó su rechazo a esta medida, instando a la desobediencia política a una norma que califica de privilegio y mal uso del dinero público.

En contra

La Confederación Intersindical Galega también apoyó públicamente las declaraciones de la directora xeral y solicitó a la Xunta que derogue la disposición adicional 17, que se publicó en el Diario Oficial de Galicia esta misma semana.

Este sindicato aseguró en su momento que la aplicación de la medida tendría un coste de treinta millones con los 2.000 altos cargos, por lo que al incluir a los ex regidores y demás esta cifra subiría hasta los sesenta millones.

Una dirección específica

Desde la CIG aseguran que establecer cuánto va a suponerle a cada funcionario en concreto la consolidación del plus va a ser tan variable «que van ter que crear unha dirección xeral específica para iso. Fan falta ben trinta funcionarios para organizalo», bromean.