El informe que el Partido Popular de Pontevedra realizó sobre la tramitación de las solicitudes de voluntarios para las candidaturas vascas volvió a quedar ayer en entredicho. Uno de sus dos firmantes, el gerente provincial de la formación conservadora, Manuel Ángel Lores, afirmó a este diario que, lejos de lo apuntado en el documento que él mismo rubricaba, sí existe un listado de ciudadanos de O Grove incorporados a la confección de las listas del PP vasco. «Esa lista se le entregó al abogado de Miguel Ángel Pérez -el ex alcalde grovense imputado por el Juzgado número 1 de Cambados que investiga el caso- y no se encuentra por lo tanto en la sede provincial», explica Lores Buezas.
Las aseveraciones del gerente se sitúan en la línea del testimonio que el ex regidor de O Grove prestó esta semana ante la jueza de Cambados. Pérez aseguraba que «un funcionario» del partido le había detallado por teléfono los nombres y apellidos de «diez o doce personas» del municipio arousano utilizadas como voluntarios, unos datos que el también presidente del PP grovense decía desconocer por completo.
Como tal aserto contradecía el informe de la formación pontevedresa -«sobre as solicitudes, por motivos de confidencialidade e seguridade non se leva rexistro de entrada, nin se gardan copias», reza el documento- el ex alcalde respondió a la jueza que ignoraba la razón de tan evidente incongruencia.
A la hora de explicar esta nueva contradicción, el gerente provincial de los populares refiere que «efectivamente, no hay un registro ni se guardan copias de las autorizaciones. Pero -añade- los compañeros del partido en el País Vasco sí nos enviaron una lista de la gente que había participado». El problema reside en que esta relación en ningún momento fue entregada a la jueza que dirige las pesquisas, pese a que su juzgado requirió a las partes implicadas toda la información disponible al respecto. La razón argumentada por el PP para no detenerse en la identidad de posibles afectados era, precisamente, la que recoge su informe: la inexistencia de un registro.
Lo que Lores Buezas señala ahora es que tal información obra en manos del abogado de Pérez, Martín Serantes, un hombre fuertemente vinculado al Partido Popular. Oriundo de Ribadumia, donde preside la agrupación conservadora, fue asesor personal de Rafael Louzán y ejerció como representante electoral de los conservadores para la comarca de O Salnés en los pasados comicios municipales.
Envío de solicitudes por fax
Por lo demás, el gerente del PP en Pontevedra confirma lo que su informe, rubricado junto al secretario de Organización provincial del partido, ya reconoce: la ausencia de un método de supervisión que garantice que la entrega de firmas y copias de los documentos de identidad de los teóricos voluntarios para las candidaturas vascas responden, efectivamente, a la voluntad de sus propietarios. «Contamos con la buena voluntad de la gente», lamenta Lores, quien sostiene que todas las autorizaciones se envían por correo a la sede central del PP en Madrid, «porque las firmas que llegan a la junta electoral tienen que ser originales». Hay, aquí, una tercera contradicción, pues las juntas vizcaínas dieron por válidos al menos dos faxes remitidos desde la sede provincial de Pontevedra; copias, por lo tanto. «No sé cómo ha podido suceder», confiesa Lores.