Los jueces están convirtiendo las asistencias técnicas en puestos indefinidos que la Xunta tendría que crear
26 jul 2007 . Actualizado a las 11:31 h.santiago | La formalización por parte del Gobierno de Fraga de casi 1.700 contratos de asistencia técnica, heredados por el actual Ejecutivo bipartito, puede acarrear una factura de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) a las arcas autonómicas. Los contratados por esa vía -que esquiva cualquier selección acorde con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad- han comenzado a recibir sentencias que los declaran trabajadores indefinidos de la Xunta, lo que puede derivar en un proceso de creación de puestos laborales que, además de engordar aún más la copiosa nómina de personal que accedió a la Administración por la puerta de atrás, resultará muy gravosa para la Xunta. Según datos que la Confederación Intersindical Galega (CIG) atribuye a un informe interno de la Consellería de Presidencia, en la actualidad 1.338 trabajadores prestan servicios para la Administración autonómica al amparo de asistencias técnicas, a los que añade 334 que pertenecen a la Consellería de Medio Rural. El sindicato nacionalista advierte de que todas esas contrataciones siguen en vigor. «A través dunha trama de empresas fantasmas, nas que figuran case sempre outras como principais (por exemplo, Coremain e Trapsa), ou a través do que se chaman falsos autónomos, o Goberno popular enchufou aos seus familiares, fillos de conselleiros, mulleres de secretarios xerais e aos seus afiliados», denuncian en la CIG. Explican que ese personal ha empezado a reclamar su relación laboral con la Xunta, y los jueces están fallando a su favor, declarándolos trabajadores indefinidos, «pero non da empresa coa que a Xunta contratou, senón persoal laboral indefinido da propia Xunta», precisan. Aseguran que en esas sentencias se reconoce «que houbo cesión ilegal de man de obra». Incremento incontrolado El mismo informe del bipartito al que alude la CIG, y que recoge datos recabados en todas las consellerías, cifra el coste que supondría crear esos puestos para los 1.700 trabajadores contratados por asistencias técnicas en 30.020.578 euros. Ese documento habla de contrataciones que «rozan a legalidade, tal como veñen declarando os tribunais», y objeta que suponen «un ingreso incontrolado a postos de dubidosa necesidade pública». La CIG denuncia que son contratos «escandalosamente ilegais» e indica que «en todas as sentencias consta que existe cesión ilegal de man de obra». Por ello, pide al bipartito que depure responsabilidades entre los conselleiros que tomaron las decisiones, los interventores-delegados que fiscalizaron expedientes y la inspección de servicios, que estaba al tanto de la situación. «Se non o fai, vai ser cómplice do que fixeron os outros», reta el sindicato nacionalista.