La consolidación pactada a espaldas de los sindicatos beneficia tanto al actual Ejecutivo como a la oposición

La disposición adicional número 17 de la reforma de Lei da Función Pública, que consolida el complemento de destino de los funcionarios que ocuparon altos cargos dos años seguidos o tres alternos desde 1981, fue pactada por los grupos parlamentarios a espaldas de los sindicatos.

De hecho, esa medida ni siquiera figuraba en el proyecto de ley que el Consello de la Xunta aprobó en noviembre pasado y que fue el texto que Presidencia negoció con los delegados sindicales. La CIG reprueba la connivencia política para ese «camuflaxe» en la letra pequeña de la reforma legal: «Para isto si que hai consenso. Non o haberá para as cousas máis graves, pero se se trata do seu peto non hai diferenzas entre esquerda, dereita, centro, nacionalista ou estatalista». Entre los beneficiados figuran los líderes de los tres grandes partidos y la mayoría de los conselleiros, aunque no todos sacarán el mismo provecho. La situación de Feijoo, por ejemplo, no es la misma que la de Suárez Canal, porque el líder del PP y ex vicepresidente de la Xunta ocupa la parte alta en el escalafón de funcionarios, mientras el conselleiro de Medio Rural es profesor de instituto. Tampoco es el mismo caso el de Touriño, doctor en Económicas, que el de Quintana, sanitario del Sergas. El sindicato nacionalista ve un «escándalo» en la disposición 17 de la ley que publicó ayer el Boletín Oficial do Parlamento y estudia una petición de amparo ante los organismos judiciales y de defensa ciudadana. Critica «un dispendio económico que supón un privilexio para os xa privilexiados altos cargos e un dispendio do erario público que non ten comparación en toda a historia da Administración autonómica». Pide a Touriño que «aplique a cordura, as boas prácticas e o seu talante progresista» para frenar la reforma.

Recurso al Ministerio Fiscal

El colectivo Movemento pola Igualdade no Emprego Público organizará mañana una manifestación ante el complejo de San Caetano contra una ley que, en su opinión, convierte en supresión de 800 puestos de altos cargos lo que en realidad es una «consolidación encuberta». Esta asociación, que ya presentó recurso ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza, solicita la derogación de la Lei de Boas Prácticas 4/2006, por entender que ya quedó obsoleta.