Los promotores aplican en Galicia el urbanismo que la UE frenó en Valencia

m. v. s. | vigo

GALICIA

XOÁN CARLOS GIL

Los nuevos planes generales posibilitan que una inmobiliaria expropie fincas privadas La Lei do Solo ya permite construir una urbanización sin comprar los terrenos

17 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.

Los promotores inmobiliarios de toda España ya han empezado a aplicar en Galicia la normativa urbanística que el Parlamento Europeo acaba de frenar en la Comunidad Valenciana. Es una figura legal denominada agente urbanizador que, en la práctica, permite que una inmobiliaria expropie a propietarios de terrenos o casas para construir una gran urbanización privada. Hasta ahora el sistema de expropiación en favor de un promotor inmobiliario sólo se está ejecutando en Galicia en la construcción de un polígono industrial en la comarca de Santiago (O Pino), aunque el Ayuntamiento de Miño (A Coruña) también ha expropiado una gran cantidad de terrenos para realizar un gran complejo turístico privado de más de 1.200 viviendas. La figura fue incorporada a la Lei do Solo de Galicia (2002) redactada por el PP y que entró en vigor en el 2003. Sin embargo, hasta ahora casi no se ha utilizado debido a que la mayoría de los municipios gallegos aún están tramitando sus nuevos planes urbanísticos. Sin embargo, varios agentes inmobiliarios están utilizando la futura aplicación de la expropiación como amenaza contra pequeños propietarios en O Morrazo, Porto do Son y Muros, advirtiéndoles de que si no venden ahora sus casas y fincas se quedarán sin ellas y recibirán menos dinero. Una vez que un concello recalifica una zona de terrenos como suelo urbanizable (66 de los 73 ayuntamientos costeros gallegos lo están haciendo), el propietario de una casa o finca inmersa en la recalificación queda indefenso, ya que tiene la obligación de vender o adherirse al proyecto del agente urbanizador . Esta figura legal ha dado lugar a más de 15.000 denuncias judiciales y reclamaciones en la Comunidad Valenciana, lo que generó una investigación en el Parlamento Europeo, que ha pedido su suspensión a la autonomía levantina.