El fiscal pide archivar la denuncia de la interventora de Narón

francisco varela FERROL / LA VOZ

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Dice que no hay irregularidad penal en la actuación del alcalde

20 oct 2011 . Actualizado a las 12:42 h.

El fiscal se ha pronunciado sobre la denuncia formulada por la interventora municipal de Narón, contra el alcalde, Xosé Manuel Blanco y un técnico informático. El representante del Ministerio Público no observa irregularidad penal alguna en la actuación de los dos señalados por lo que pide al juez instructor del asunto, el magistrado Morán Llordén, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, que proceda al archivo del caso. El juez es quien ahora tiene la última palabra, si bien su decisión es susceptible de recurso ante la Audiencia.

La interventora Rosa de Cal y Cortina sostenía que se habían producido filtraciones o inseguridad en la custodia de numerosos documentos contables del Concello, tales como propuestas económicas de empresas y proveedores presentadas a concursos o compras del Ayuntamiento, que podrían llegar a manos de terceros.

La denuncia, que fue ampliada posteriormente con otras, no concretaba inicialmente casos concretos, pero sostenía que la Intervención Municipal no podía ofrecer garantías de estanqueidad que requiere un servicio de sus características que podría estar siendo espiada por terceros. Consecuentemente, se quebraba el principio de igualdad de cualquier empresario que concurría a un concurso municipal.

La policía

El juez instructor había pedido un informe a la policía judicial (Cuerpo Nacional de Policía) y remitió el asunto a la Fiscalía para que se pronunciase.

El alcalde desmintió, en su momento, «as acusacións de suposto espionaxe e acoso por parte do alcalde á interventora. En ningún caso producíronse estas situacións, nin cara os funcionarios nin aos grupos políticos do Concello de Narón». Porque en la denuncia se hacía referencia a que también se habrían vulnerado las comunicaciones informáticas de los partidos con presencia en la corporación. La denuncia de Rosa de Cal se formuló a raíz de una resolución de la alcaldía, por la cual se ordenaba a un técnico informático que accediese a determinada documentación. De Cal sostenía que el regidor actuaba siguiendo instrucciones del secretario general municipal.

Estas actuaciones, que iban destinadas a conocer en parte el proceso de ejecución del presupuesto municipal, no infringen norma alguna, asegura el Ministerio Fiscal en el escrito remitido al juez instructor.