juzgados El acusado de manejar pornografía infantil dice que bajó accidentalmente imágenes

El vecino de Narón juzgado ayer por un delito de corrupción de menores por poseer pornografía infantil aseguró durante la vista que bajó de Internet accidentalmente las imágenes pedófilas.

V.M.C.L., de 37 años, había sido detenido el 17 de noviembre del 2009 en una amplia operación desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía en toda España. El principal sospechoso se encontraba en Valencia, pero se habían practicado simultáneamente otros registros en diferentes puntos del país, entre ellos, este caso de Narón.

Durante el registro de la vivienda los agentes intervinieron dos discos duros en cuyo interior fueron encontrados, además, archivos descargados y en proceso de descarga a través del programa eMule y en diferentes fechas. Contenían imágenes explícitas de relaciones sexuales mantenidas entre adultos y menores.

En su descargo

Tanto el imputado como su letrado dijeron en su descargo que si había imágenes pedófilas obedecía a una acción no premeditada. Sostiene que quiso bajar la película Red de mentiras, pero desconocía que tenía contenidos sexuales con menores.

Reconoció que sí guardaba en su ordenador abundante pornografía de adultos, con más de tres mil imágenes, y entre ellas solo tres de tipo pedófilo, pero sin saber que estaban allí.

La esposa

La mujer del inculpado declaró también en la vista en favor de su esposo. Y lo hicieron igualmente, en un juicio que se prolongó durante tres horas en la sala de los juzgados de lo Penal, los agentes que intervinieron en la pesquisa. Compareció asimismo un perito. La defensa basó en esta falta de intencionalidad su petición de absolución por entender que, aunque el tipo penal castiga la posesión de las imágenes, en este caso fue accidentalmente.

Un año

La representante del Ministerio Fiscal, sin embargo, mantuvo sus conclusiones para solicitar un año de cárcel por un delito de corrupción de menores en la modalidad de posesión de pornografía infantil.

La defensa solicitó la nulidad de las actuaciones porque no estaba presente un abogado de oficio durante el registro de la vivienda. Sin embargo, la jueza lo desestimó y resolvió la celebración del juicio por entender que la ley no obliga a la presencia de un letrado.