El juez ve improcedente el despido de la sindicalista del geriátrico de Laraxe
FERROL
El Juzgado de lo Social número 2 ha declarado improcedente el despido de la sindicalista Socorro Antonia Pena Gómez del geriátrico de Laraxe, gestionado por Geriátricos. La carta de despido le imputaba un incidente/agresión con un interno, como causa principal. Pero el juez Jaime Segalés Fidalgo considera que los cargos no están probados suficientemente por lo que dictó una sentencia que revoca la decisión de la empresa y le deja opción a la trabajadora para reincorporarse al trabajo o aceptar una indemnización por la rescisión del contrato.
El magistrado recuerda que la gerocultora, en sus 11 años en el centro de Laraxe, nunca tuvo incidente alguno y atribuye lo ocurrido el 26 de enero del 2010 a la falta de personal especializado para afrontar una situación que desbordó a la trabajadora. Se encontraba en tareas de habitaciones cuando observó que el anciano motivo del conflicto empujaba una silla de ruedas de otro residente, por lo que procedió a quitársela. El anciano cayó al suelo, pero no fue por una acción intencionada de la gerocultora, que es también delegada sindical. En todo caso, lo considera un hecho «aislado» y considera injustificado «descargar sobre ella la máxima sanción posible, al no revestir los hechos el grado suficiente de culpabilidad exigible, a lo que se añade cierta falta de intensidad o gravedad».
El juez reconoce que en empresas como un geriátrico pueden requerir «una administración más severa en las causas de despido por comparación con otros contextos», pero también considera igualmente cierto que la gerencia tiene también sus propias exigencias de carácter preventivo para evitar situaciones como la planteada. Así, explica el juez, no se puede cargar a las gerocultoras el «sofocar situaciones de excepción» como las ocurridas con el incidente de la silla. O derivar a otras plantas a residentes conflictivos para que no permanezcan con ancianos que no lo son. La sentencia, no obstante, es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.