El promotor del edificio Atocha asegura que no existe orden judicial alguna que obligue a reducir su volumen
FERROL
El promotor del edificio Atocha, Manuel Pérez, ha ofrecido su versión sobre la polémica que rodea al inmueble desde hace años y que se ha avivado en los últimos meses por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que estima el recurso de un vecino «contra actos presuntos del Concello de Pontedeume sobre inactividad» en el decreto de demolición «aprobado por la misma Administración local».
En este sentido, Pérez afirma que «es incierto que exista sentencia alguna que en su parte dispositiva haya ordenado ajustar la altura ni reducir el volumen del edificio Atocha, siendo absolutamente falsas tales afirmaciones». Además, subraya que es «rigurosamente falso que ni en la actualidad ni en momento alguno haya existido orden judicial alguna por la que ningún tribunal haya ordenado reducir el volumen del edificio hasta el equivalente al de la construcción que ocupaba la parcela anteriormente al Atocha». De hecho, el constructor va más allá y destaca que «es completamente falso que sobre el referido edificio pese a día de hoy una orden de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desde el año 1991 por incumplimiento de la normativa urbanística 'al rebasar el ámbito físico de la construcción demolida'» y afirma, una vez más, que el edificio Atocha ya fue adaptado para que se ajustase a la licencia municipal concedida para la construcción del inmueble, tal y como figura en el certificado de fin de obra.
Esta versión es totalmente contrapuesta a la ofrecida por el abogado del vecino que denunció un exceso de volumen en el inmueble. Ulises Bertolo García asegura que, tal y como figura en los fundamentos de derecho de la sentencia del TSXG, sala de lo Contencioso-administrativo, fechada el 25 de febrero de este año, el Ayuntamiento incumple el decreto de demolición aprobado por la administración local «con la finalidad de que la licencia edificatoria, en su día otorgada, fuera ajustada a la legalidad en materia de alturas de la construcción, ocupación de plantas, volumen...».