El fiscal pide prisión, multa e inhabilitación para un ingeniero por falsificar certificaciones
FERROL
Un ingeniero y un empresario se enfrentan a penas de prisión, multa e inhabilitación por supuestos delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles. Según recoge el fiscal en sus conclusiones provisionales, H. L. V., uno de los imputados, era el administrador único de una empresa constituida en 1994 en Mugardos, que en 1998 solicitó la clasificación como contratista de obras públicas ante el órgano competente, que era la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Para acreditar la experiencia constructiva aportó al expediente de clasificación unas certificaciones de ejecución de obras expedidas por C. G. C., en las que constaba que prestaba servicios para una segunda empresa. En las certificaciones expedidas se decía que la empresa de H. L. V. había prestado servicios en la urbanización de Punta Promontoiro, de Mugardos. Según el fiscal, tal cosa no se corresponde con la realidad y al certificado se había hecho con total conocimiento de que se faltaba a la verdad ya que la empresa que hizo la certificación diciendo que la compañía de H. L. V. había subcontratado determinados trabajos, algo incierto.
Otros casos
Además se aportaron al expediente administrativo otras dos certificaciones en las que se acreditaba que la empresa de H. L. había efectuado obras en los accesos y explotaciones de la cantera de Reboredo, en Fene, «las cuales tampoco se corresponden con la realidad y, por lo tanto, se estaba faltando a la verdad, ya que dichas obras en ningún momento se habían realizado», añade el fiscal.
Las certificaciones supuestamente falseadas pretendían la clasificación como contratista de obras para la Administración. Para estas operaciones actuó en colaboración del segundo acusado, A. M. M., quien en su profesión de ingeniero de Caminos realizó trabajos de colaboración con la compañía de H. L. V. Según el fiscal, este fue quien elaboró los certificados supuestamente falseados. Así consiguieron la certificación en el año 2000. Pero Hacienda lo descubrió y sancionó a la empresa de H. L. V.