El comité de Poligal reclama nuevas inversiones para hacer competitiva la fábrica de A Gándara
FERROL
La Xunta considera que la información aportada por la dirección de Poligal en su solicitud de un expediente de regulación de empleo para 120 de sus empleados «permite concluir que el factor trabajo no es la clave determinante de la situación económica de la empresa». Por ello, desestimó la aplicación de esta medida. La Consellería sostiene que «son aspectos como el coste de los aprovisionamientos y el acusado descenso en las ventas la causa principal, y en segundo término, la peculiar organización empresarial en forma de grupo».
Sindo Pena, presidente del comité de empresa, reclamó ayer a la compañía que ponga en marcha nuevas inversiones para hacer competitivas las líneas productivas, que ya son antiguas, y también que «revise la organización del grupo».
Costes de personal
En este sentido, Pena incidió en que en los últimos años la empresa que fabrica film de polipropileno, un plástico que se usa en el sector de la alimentación, ha ido rebajando los costes de personal, a la par que incrementaba el ratio de producción por trabajador y año. Además, calificó de «agravio comparativo» la situación laboral del personal de las distintas firmas del grupo. En este sentido, aseguró que la empresa CIPP, con sede en Fene y que se encarga de la comercialización del producto, «tiene un gasto en personal un 75% superior al del Poligal», cuando la primera tiene una plantilla de diez trabajadores, y la segunda, de 160.
Sindo Pena lamentó que, tras contar con la desestimación de la Xunta al ERE, la representación legal de la fábrica les comunicó ayer en un acto de conciliación por las jornadas de trabajo que la intención de Poligal era la de recurrir la decisión de la Consellería de Traballo. «Nos choca que haya tomado esa decisión sin sentarse antes con los trabajadores, que siempre han apostado y apuestan por el diálogo». De decantarse por el contencioso, Poligal «dilataría esta situación un mínimo de dos años». La Xunta sostiene que la suspensión de los contratos no es necesaria para superar la situación negativa que atraviesa la factoría y garantizar su viabilidad futura.