«Es una barbaridad. Las consecuencias pueden ser nefastas». Así de rotundo se mostraba ayer quien desde el año 2000 preside la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Ferrol, heredera de la antigua Cámara de la Propiedad. Carlos Jacob Veiga teme los efectos de la aplicación del recargo del IBI a las casas vacías. La cuestión está recogida en un real decreto de hace cinco años que ahora el Concello pretende plasmar explícitamente en su ordenanza fiscal para proceder a su aplicación. «La gente de la calle no conoció el alcance», defiende, de aquel texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que entró en vigor en el 2004. Ahora apunta cuestiones como que algunas viviendas pueden contemplar usos diferentes al residencial o la posibilidad de que ferrolanos con pensiones contributivas o de viudedad puedan ver afectados sus ingresos. «La situación va a ser un poco dramática», considera el responsable de una entidad sin ánimo de lucro que defiende los intereses de los propietarios que agrupa actualmente a 2.000 afiliados.
También considera que la situación es «un tanto injusta», apuntando a que muchos procesos hereditarios legan viviendas en mal estado que muchas veces los herederos se ven incapaces de rehabilitar. Además, «queda pendiente de que se recoja expresamente cómo van a controlar que estas viviendas desocupadas lo sean con carácter permanente o no». Esta situación puede derivar, advierte, en «argucias para aplicar figuras legales por las que la vivienda pueda considerarse ocupada cuando realmente está vacía».